El PP y sus barones insisten en perder en los tribunales su lucha por boicotear la ley de la vivienda

El Partido Popular (PP) está dispuesto a estrellarse en los tribunales las veces que haga falta con tal de defender los intereses de los especuladores de vivienda a los que representan. El respeto a la Justicia se difumina en Génova 13 y en sus corresponsalías autonómicas cuando el fallo obtenido no es el esperado, situación a la que no está acostumbrada la derecha española y que ha llevado a diferentes cabezas pensantes a intentar tumbar la ley de Vivienda en varias ocasiones, saliendo perdedoras de todas ellas.

Tan solo el servilismo y la desorientación a la hora de entender la división de poderes podrían explicar que Alberto Núñez Feijóo y sus barones hayan presentado hasta cuatro recursos de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal contra la ley de Vivienda aprobada en 2023. Las cuatro embestidas se han saldado con el mismo resultado, el PP derrotado. En esta última, protagonizada por Isabel Díaz Ayuso esta semana, se ha sumado el cansancio del garante de la Carta Magna por tener que volver a fallar sobre la misma cuestión.  

“El legislador estatal goza de competencias para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros”, ha ratificado el ponente Ramón Sáez Varcárcel, magistrado del Tribunal Constitucional. El Gobierno de la Comunidad de Madrid insistía en la invasión de competencia y el Alto Tribunal ha vuelto a considerar la norma constitucional y respetuosa con el reparto competencial, pues el Estado tiene competencias para regular aspectos básicos como el ejercicio de un derecho constitucional.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no ha podido evitar pronunciarse sobre el nuevo varapalo sufrido por el PP, esperando que esta sea la última ocasión y, de una vez por todas, los dirigentes autonómicos aborden la crisis habitacional. "A ver si ahora Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), Moreno (presidente de Andalucía) y compañía dejan de boicotear una ley que funciona”, ha espetado, compartiendo otras sentencias judiciales favorables a la norma. “Aunque para ellos es difícil: están demasiado acostumbrados a enriquecerse con las casas de todos", ha añadido.

Desde la cartera pilotada por Rodríguez aseguran que este nuevo fallo avala el "rigor jurídico" de la norma y avala los mecanismos de intervención del mercado para preservar la función social de la vivienda y combatir la especulación. En consecuencia, han reclamado a las Comunidades Autónomas que cejen en sus intentos de "zancadillear" la acción del Gobierno y, cambiando su proceder, se sumen a las soluciones, aprovechando "todas las herramientas a su alcance", muchas de ellas recogidas en la ley de Vivienda.

Bases legales

Esta cuarta sentencia del Tribunal Constitucional, que ya había respondido de la misma manera a Baleares, Andalucía y el Grupo Parlamentario Popular, vuelve a confirmar la legalidad de la ley de vivienda, a la espera de que se resuelvan otros cuatro recursos (Galicia, País Vasco, Generalitat de Cataluña y Parlamento de Cataluña). Con todo, los encajes en la Carta Magna que deja claro el último de los fallos son claves para futuras reclamaciones.

Por un lado, queda constatado que el Estado tiene competencias para regular los elementos básicos del derecho a la vivienda, garantizando su ejercicio en condiciones de igualdad en toda España. Asimismo, tal y como destacan fuentes de Vivienda contactadas por ElPlural, la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado es “plenamente constitucional”, tanto en lo relativo a la competencia del Estado, como en lo relativo a la compatibilidad material de esta regulación con la Constitución.

Es decir, se considera que la definición de estas áreas en las que se puede realizar un control de precios, siempre y cuando quiera la autonomía, no vulnera el contenido esencial de derecho a la propiedad. Además, en lo que a estas medidas se refiere, el Alto Tribunal también certifica su constitucionalidad, de igual manera que con el índice de precios de referencia del Ministerio.

Por último, también se considera ajustado a la Carta Magna la regulación de los grandes tenedores y sus obligaciones de información reforzadas, apartados que permiten a las Administraciones tomar medidas más efectivas. “Sí puede intervenir cuando hay desigualdades territoriales graves en el acceso a la vivienda; sí puede adoptar medidas para frenar la escalada de precios del alquiler en zonas tensionadas y sí puede establecer garantías para los ciudadanos más vulnerables”, celebran desde Vivienda.