Peinado abre otra vía y encarga un informe sobre el supuesto intrusismo de Begoña Gómez en la firma de pliegos de la UCM

Con su instrucción bajo la lupa por decisiones cuestionadas y varios varapalos judiciales, el juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a solicitar nuevas diligencias: esta vez, un informe de los Abogados del Estado para determinar si Begoña Gómez tenía la titulación necesaria para firmar pliegos de contratación en la Universidad Complutense. Se trata de un nuevo movimiento en una causa que, desde su origen, ha ido creciendo en volumen y complejidad, al tiempo que se multiplicaban las críticas sobre la forma en que el magistrado está conduciendo la investigación.

La petición del informe abre un nuevo frente en el caso, centrado ahora en esclarecer si la esposa del presidente del Gobierno pudo incurrir en un delito de intrusismo al firmar documentos vinculados a la actividad de la cátedra que codirigía en la UCM. El juez quiere determinar qué cualificación académica se exige para elaborar pliegos de condiciones y prescripciones técnicas en procesos de contratación, tanto dentro del ámbito universitario como en el sector público en general. 

Cabe recordar que Peinado investiga a Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, malversación e intrusismo. Aunque en un punto de la investigación la causa estaba dividida en dos piezas, por orden de la Audiencia Provincial, el juez acumuló todas las ramas de investigación en una sola pieza, la principal. 

La defensa de Gómez ha sostenido durante todo el proceso que ella firmó los pliegos siguiendo instrucciones de la Universidad Complutense, y que no participó en ninguna práctica irregular.

Una instrucción que alimenta más preguntas que respuestas

El asunto, sin embargo, no puede desvincularse del contexto en el que se produce. La instrucción de Peinado ha sido objeto de debate desde sus primeras fases, debido a la amplitud con la que el magistrado ha ido concatenando diligencias e imputaciones. En distintos momentos del proceso, juristas y fuentes del entorno judicial han expresado reservas sobre una investigación que, por su extensión y dispersión, ha sido tachada de “excesiva” o “prospectiva”. La defensa de Gómez ha denunciado en reiteradas ocasiones que se está configurando una auténtica causa general en torno a su actividad profesional, sin hechos concretos que justifiquen la acumulación de líneas de investigación.

A estas críticas se han sumado algunos reveses procesales. Aunque la causa sigue avanzando, no han faltado momentos en los que instancias superiores han corregido actuaciones puntuales del juzgado o han llamado la atención sobre determinados procedimientos. Estos toques de atención han alimentado la percepción de que la instrucción avanza por sendas poco habituales, y que algunas decisiones de Peinado requieren un mayor grado de fundamentación jurídica. Además, informes y posicionamientos de la Fiscalía han expresado dudas sobre la solidez de los indicios en algunos de los delitos atribuidos inicialmente a Gómez, lo que ha añadido más presión sobre el juez instructor.

Mientras tanto, el origen del caso continúa siendo una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias en abril de 2024, en la que se acusaba a Gómez de aprovechar su condición de esposa del presidente para influir en procesos de contratación pública. Con el paso del tiempo, la causa ha ido incorporando nuevas piezas y derivadas, desde supuestos delitos de corrupción hasta cuestiones relativas al registro de un software universitario o el uso de una marca académica. 

Ahora, un año después, Peinado ordena diligencias para esclarecer si Gómez cometió o no un delito de intrusismo al firmar la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relativas a la Cátedra de TSC, así como documentos y pliegos técnicos del contrato con Deloitte para el desarrollo del software para la mencionada cátedra, para los cuales no reunía la capacitación adecuada.