El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, avanza un paso más en su insistencia por ir contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, incluso después de que el Tribunal Supremo (TS) sentenciara que él o “alguien de su entorno” había filtrado el mensaje en el que el compañero sentimental de la política reconocía haber cometido los delitos fiscales.
Hace unos días, González Amador exigía que García Ortiz fuera apartado del todo de la carrera fiscal tras aceptarse recientemente su incorporación a la Fiscalía de lo Social. En términos económicos, cabe señalar que auto de ejecución que llegaba a finales del año pasado por la presunta filtración del mail venía acompañado de una multa de 7.200 euros más 10.000 con los que tendría que indemnizar a González Amador. Ambas cantidades están pagadas.
Ahora, el novio de Ayuso va más allá y reclama al Tribunal Supremo que imponga otros cerca de 65.000 euros (64.778) al exfiscal por las costas del juicio. Por el momento, gracias a la recaudación llevada a cabo por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -colectivo que presidió y del que fue portavoz-, García Ortiz ha abonado ya los 17.200 euros de sanción económica impuesta por el Alto Tribunal.
La nueva cuantía es a la que ascienden los honorarios del letrado penalista Gabriel Rodríguez Ramos, según los cálculos establecidos por la propia acusación particular en un escrito elevado al Supremo y al que ha tenido acceso El Mundo.
En el escrito que contiene el cálculo de las costas, el letrado solicita que la carga que soporte ahora el condenado “respecto de los honorarios del letrado minutante sea proporcional al esfuerzo realizado por el mismo durante el procedimiento”. El abogado de la pareja de la presidenta alude a un “esfuerzo que resulta innegable por el procedimiento que nos ocupa, el cual presentaba una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal”.
Así las cosas, se refiere a “la propia naturaleza de los hechos investigados; el contexto institucional en el que se desarrollan los hechos de principio a fin, la divulgación del objeto material del delito por los medios de comunicación; el uso político y relevancia de los hechos; y, el proceso y la ausencia de precedentes -ya que nunca antes un fiscal general había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional (…)”.
Dejar que decida el Constitucional
La semana pasada, el Gobierno de España comenzaba los trámites formales para estudiar una solicitud de indulto, tal y como establece la legislación vigente una vez que existe sentencia firme. Con esta herramienta, el Ejecutivo central insiste en que se trata de un procedimiento reglado, automática y que está todavía abierto que, sin embargo, no prejuzga ninguna decisión final, a pesar de que la oposición lo esté utilizando como arma arrojadiza.
Frente a la decisión gubernamental, juristas de izquierdas mantienen que lo mejor para el devenir de García Ortiz es que el procedimiento continúa su curso natural, lo que implica que sea el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra. Solo de esta manera, aseguran, se evitaría consolidar una condena que, de confirmarse por la vía política del indulto, dejaría una huella institucional profunda y difícil de revertir.
Frente a una medida, la del indulto que, si bien es una herramienta perfectamente legal y constitucional, también supone un alto coste político, los juristas y jueces progresistas defienden que el futuro del que fuera fiscal general del Estado debería moverse entre la defensa a su inocencia y una reivindicación estricta del funcionamiento del sistema judicial. El indulto, en su opinión, no cuestiona la existencia del delito ni borra la condena del mismo, sino que únicamente mitiga los efectos. Además, apelar a ello, contemplan, sería lo mismo que asumir como válida una interpretación delictiva que consideran errónea.
En el sentido más puramente jurídico, destacan que la sentencia del Supremo deja al descubierto problemas de fondo que tiene que analizarse desde una perspectiva constitucional, como son la interpretación expansiva del delito de revelación de secretos o una valoración probatoria a su parecer no supera los estándares más exigentes en cuanto a presunción de inocencia se refiere.
A más a más, sería de algún modo ‘aceptar el discurso’ de las derechas y de la propia pareja de Ayuso en tanto en cuanto el indulto deja intactos los efectos simbólicos de la condena. Esto es, que aunque la pena se vea reducida o anulada en la práctica, el antecedente existiría igualmente y la idea de culpabilidad permanecería asociaciada a García Ortiz.