Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tendrá que declarar judicialmente el próximo 29 de noviembre por sus presuntos delitos contra Hacienda, dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.
En el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, se especifica que el empresario deberá acudir al Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid el próximo viernes 29 de noviembre a las 10:00 horas de la mañana.
La jueza también ha citado el mismo día en las mismas condiciones a los cuatro supuestos testaferros que elaboraron las facturas falsas para rebajar el beneficio empresarial de González Amador y con lo que defraudaron a la Agencia Tributaria el montante de 350.000 euros en dos ejercicios fiscales. En concreto, figuran en el auto el mexicano Eduardo Niederer y los españoles Agustín Carrillo, David Herrera y José Miguel Carrillo.
Cabe recordar que la pareja sentimental de la presidenta madrileña aún mantiene las negociaciones con la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad, mediante en el que aceptaría el pago de 525.000 euros y ocho meses de cárcel, que le librarían del cumplimiento efectivo de entrar en prisión.
Ampliación del objeto de investigación
Fue hace días atrás cuando se dio a conocer que la misma magistrada amplió la investigación sobre González Amador para determinar si incurrió en delitos distintos “a los dos contra la Hacienda pública y delito de falsedad documental” para “ocultar unos ingresos” procedentes de una mutua de seguros que debían ser declarados.
De esta manera, la jueza de Madrid acordó abrir una pieza separada a la investigación judicial troncal por presunto fraude fiscal, al estimar así de forma parcial el recurso interpuesto por el PSOE y Más Madrid, que se personaron en la causa como acusación popular.
La pieza separada se abrió así para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L -empresa de Alberto González Amador- y su cliente".
PSOE y Más Madrid alegaban que la resolución en la que la jueza rechazó sus diligencias carecía de motivación suficiente al denegar genéricamente la práctica de las diligencias solicitadas, "sin individualizar los motivos de denegación de cada una de ellas, dejando mermada la capacidad para rebatir dicha denegación, incurriendo, además, en contradicciones".
Cabe remarcar que la acusación popular apuntaba a la posible comisión por parte del novio de Ayuso de nuevos delitos como administración deslegal y corrupción en los negocios. La resolución analizó "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".
La jueza mencionó en estos términos que el informe de la Agencia Tributaria llevó a la conclusión de que "se trata de una sociedad instrumental constituida y utilizada por la mercantil Maxwell Cremona S.L. para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros simulando que es aquella la prestadora de los servicios, cuando se acredita que no cuenta con los medios personales y materiales adecuados para tal fin".
Tras dicho análisis, la jueza determinó que procedía la estimación parcial del recurso interpuesto por PSOE y Más Madrid y, en consecuencia, se acordó la incoación de una pieza separada con el fin de investigar "si en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L y su cliente se ha podido incurrir en otros delitos distintos a los dos delitos contra la Hacienda Pública y delito de falsedad documental objeto de esta diligencias previas".
