En el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País, este martes la pareja de la lideresa madrileña, Alberto González Amador, comparece en calidad de testigo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, después de que la magistrada aceptara la petición del PSOE, personado en la causa.
En esta línea, la jueza consideró que la testifical de la pareja de Isabel Díaz Ayuso resulta "necesaria, proporcional y pertinente" en aras de esclarecer el origen de la información y de la imagen de los dos periodistas cuya identidad fue difundida en un chat con profesionales de este sector. Precisamente por esta cuestión, la investigación judicial que hay en marcha trata de esclarecer si la difusión tanto de los nombres como de una fotografía pudo ser constitutiva de un delito de revelación de secretos.
Con todo ello, el pasado 6 de mayo, durante su declaración, el jefe de Gabinete de Ayuso defendió que fue González Amador quien le había reenviado la fotografía después de recibirla de un vecino del inmueble donde vive la presidenta madrileña, lo que llevó a la magistrada a acordar la citación de la pareja de Ayuso para esclarecer esta cadena de transmisión de la información. En aquella resolución, la magistrada también rechazó otras diligencias solicitadas por la acusación, entre ellas el análisis del teléfono móvil de Rodríguez, el requerimiento de comunicaciones entre éste y González Amador o la declaración de varios responsables policiales, al considerar que dichas actuaciones no resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Las dos versiones de MAR ante la jueza
La citación de González Amador como testigo en la causa se acordó después de que el pasado 6 de mayo el jefe de Gabinete de la presidenta plasmara dos versiones diferentes en menos de una hora sobre cómo y de quién obtuvo la imagen de los dos periodistas.
Inicialmente, Rodríguez explicó a los periodistas que esperaban en las puertas del Juzgado de Plaza de Castilla que la fotografía la tomó "un vecino enfadado" del bloque en el que viven Ayuso y González Amador. Sin embargo, instantes más tarde aclaró que se había "expresado mal", y que aunque la fotografía la había tomado un vecino, este se la envió a González Amador, quien se la reenvió al jefe de gabinete. "Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos", aseguró.
En esta línea, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña rechazó ante la jueza haber recibido datos de la Policía Nacional sobre dos periodistas en el marco de la investigación abierta asegurando que "un vecino enfadado" era quien le había enviado una foto de los mismos a González Amador y que éste se la pasó a él. Tras una breve declaración, manifestó a la salida de los juzgados que "no hay revelación de secretos" porque la Policía no le pasó nada. "Nunca he hablado con la Policía de este asunto", aseguró.
Ante la magistrada, Rodríguez defendió que la información que difundió no procedía de fuentes policiales y enmarcó el proceso en una estrategia política del PSOE para "hacerle parecer culpable". "La Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie, no me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco. El PSOE mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo pero nunca hubo revelación de secretos", recalcó.
La denuncia del PSOE
La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos al datos personales de dos periodistas.
Según la denuncia, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.
El PSOE reclamó entonces la imputación de Rodríguez por filtrar información privada de estos reporteros y que su teléfono sea investigado para evitar "la posible destrucción de pruebas" de los mensajes que tengan relación con el caso.
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