El Partido Popular no cesará a los tres asesores del Ayuntamiento de Valencia que este martes han sido procesados por un delito de blanqueo de capitales. Desde la formación que dirige Carlos Mazón han enviado un comunicado en el que aseveran que “el PP respeta la presunción de inocencia, un derecho fundamental reconocido en la Constitución” y que “respeta los tiempos procesales y aplica, a través de sus órganos, los Estatutos de la formación”.

En palabras llanas, lo que dicen es que la líder del PP de Valencia Ciudad, María José Catalá, no echará a sus asesores hasta que el auto de procesamiento sea firme. Es decir, hasta dentro de entre 30 y 60 días, que es lo que suele tardar la Audiencia Provincial en pronunciarse sobre los recursos si estos van directos en apelación. Si se presentan en reforma, ante el juez instructor, el asunto podría dilatarse un poco más.

Pero la realidad es que Catalá, como ha informado ElPlural.com tiene a cuatro asesores trufados por la corrupción. Tres de ellos Luis Salóm, Cristina Diego y Cristobal Grau son los que han sido procesados por su implicación en el caso Taula. La cuarta es la sobrina de la difunta alcaldesa de la ciudad Rita Barberá. La joven es la hija de Asunción Barberá y José María Corbín, ambos imputados junto a todas sus hijas en el caso Azud, que investiga el amaño de contratos del consistorio a cambio de presuntas mordidas.

En cuanto al comunicado del PP, desde la formación política también apostillan: “Asimismo, quiere hacer constar el máximo respeto al auto judicial notificado hoy que es susceptible de recurso, por lo que la resolución no ha adquirido firmeza”.

La noticia del procesamiento del todo el grupo municipal del PP de Rita Barberá ha caído como un jarro de agua fría entre los populares valencianos, quienes hacen ver que son un ‘nuevo’ PP desvinculado de los años de la corrupción absoluta que asoló la Comunidad Valenciana. Una actitud que choca frontalmente con el hecho de que María José Catalá no solo apoye, sino que mantenga en su círculo más íntimo a presuntos corruptos, muchos de los cuales están al borde del banquillo.

El problema para la popular es que, en unos días, se hará público el escrito de acusación del Fiscal Anticorrupción en el que, según las fuentes ocnsultadas, la petición de penas será elevada. ¿Cómo responderá entonces la lideresa? Solo ella lo sabe.