La Fiscalía de Memoria Democrática estudiará un manifiesto de 49 asociaciones memorialistas que criticaron la sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, en el caso de la filtración del correo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tal y como informa este jueves elDiario.es.
El texto defiende la necesidad de la independencia judicial y de que los procesos cumplan todas las garantías procesales, y concluye que los cinco magistrados del Alto Tribunal no procedieron con siguiendo esta buena praxis; que no respetaron dichas garantías contra García Ortiz.
El documento data de mediados de diciembre, coincidiendo con la condena al exfiscal general del Estado, y en él esta cincuentena de entidades en defensa de la memoria democrática aseguraban que la acusación se había perpetrado “sin pruebas”.
Rubricada, entre otras asociaciones, por algunas que representan a los andaluces que estuvieron internos en el campo de concentración de Mauthausen -la mayoría de las entidades son de Andalucía- critica la “inapropiada elección del Tribunal” por su “falta de sensibilidad democrática”, máxime en medio de un escenario “de creciente polarización política y sospechas de lawfare”.
“La perplejidad no abandona a quienes intentamos entender con imparcialidad un caso que comenzó con un bulo filtrado a los medios de comunicación desde el gabinete de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid para tapar una verdad incómoda y vergonzosa que apuntaba a su pareja”, refrenda el manifiesto.
Las entidades firmantes coinciden en que no hay “una sola prueba que demuestre, sin equívocos ni especulaciones, la participación directa del fiscal” y critican el “estupor” que genera la escasa relevancia para el Supremo las testificales de los periodistas que hablaron en juicio.
“Como parte de la ciudadanía sentimos que se ha abierto una grieta que hace peligrar la credibilidad de unas instituciones democráticas que tanto sufrimiento han costado alcanzar”, indicaban, aseverando que “necesitamos jueces que apliquen las leyes para resolver conflictos, proteger los derechos de todos y todas y que garanticen el cumplimiento de la Constitución, no para crear en la ciudadanía inseguridades, dudas y debates sobre la independencia y el papel del Poder Judicial, haciendo tambalear el Estado de derecho”. “La presunción de inocencia y la necesidad de aportar pruebas irrefutables antes de condenar a cualquier persona, garantizando la justicia y protegiendo los derechos individuales, son principios fundamentales de cualquier Estado de derecho democrático”, apostillaban.
Doble velocidad de la Justicia
Mientras la condena al fiscal general del Estado desde que se abre la causa contra él hasta que sale el fallo tarda apenas un año, el juicio a la pareja de Ayuso se celebrará en 2027, después de las elecciones de Madrid. Esto es, tres años después de que salieran las primeras informaciones.
Una doble velocidad de la Justicia que se ve también reflejada, por ejemplo, en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en el caso de González Amador, lleva ya más de 200 días de retraso; una celeridad que dista bastante a la que la Benemérita ha depositado en lo relativo al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La causa principal del caso del empresario, que reconoció haber defraudado a la Hacienda Pública, ha terminado en los juzgados de lo penal de Madrid es porque la cantidad defraudada al fisco fue inferior a los 600.000 euros. De no haber sido así, habría acabado en la Audiencia Provincial de Madrid.
Los órganos judiciales señalan que la demora se debe a la carga de trabajo que tienen por la denominada reforma Bolaños, que se corresponde con la ley de eficiencia de la Justicia, que transforma estos juzgados en los nuevos tribunales de instancia. Ello, dicen, les impide fijar una fecha de la vista oral en 2026, por lo que pasa directamente al año siguiente.
Con todo, llama la atención que determinados sectores de la Justicia estén intentando por todas las vías encontrar algo punible contra Begoña Gómez o que García Ortiz fuera destituido mientras González Amador sigue sin si quiera sin enfrentarse a juicio.