La magistrada del Tribunal Supremo, Susana Polo, instructora del ‘caso Tsunami Democratic’ en el Alto Tribunal, ha dictado una providencia por la que suspende temporalmente tanto la Orden de Investigación Europea (OEI), como la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza, para citar en la causa al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg.
La juez toma la decisión en atención a lo que acordó en la providencia emitida esta semana en la que dio 10 días a las partes personadas para que informasen sobre la entrada de vigor de la Ley de Amnistía. La instructora suspende “temporalmente” tanto la solicitud de asistencia judicial en materia penal remitida a Suiza como la Orden de Investigación Europea. Lo único que no suspende es la notificación de las resoluciones dictadas en la presente causa a Puigdemont, que hasta la fecha no se ha personado. En la providencia se señala además que se ha unido a la causa un escrito presentado por Rubén Wagensberg en el que solicita el sobreseimiento de la causa.
Polo ha tomado la decisión el mismo día que, el fiscal general del Estado, Álvaro García, ya ha tomado la suya sobre el escrito que presentaron los fiscales del procés en el que aseveraban que la Ley de Amniastía no se podía aplicar al delito de malversación, por lo que Carles Puigdemont u Oriol Junqueras quedarían fuera. García, por tanto, ordena que se reaga el escrito y que la citada ley se aplique en todos los delitos.
Los plazos
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, también dictaba este martes, tras publicarse en el BOE la ley de amnistía, una providencia en la que da un plazo de 5 días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la citada ley a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.
En la misma resolución, el juez ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” de los cuatro procesados citados, adoptadas en auto de enero de 2023, “por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.
Juez García-Castellón
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón es otro de los que ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa de Tsunami Democratic para que en el plazo máximo de diez días informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad a los investigados en este procedimiento de la Ley de Amnistía, publicada hoy en el BOE.
En una providencia, el magistrado señala que “de conformidad con lo dispuesto en el art 9.1. de la ley La amnistía de actos tipificados como delitos será aplicada por los órganos judiciales determinados en el artículo 11 de esta ley, de oficio o a instancia de parte o del ministerio fiscal y, en todo caso, previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes>, por lo que se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que, en el término máximo de diez días, informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los artículos 1 y 2 de la ley, a los distintos hechos que en la presente causa se atribuyen a los investigados Josep Lluis Alay Rodríguez; Josep Campmajo Caparrós; Marta Molina Álvarez; Marta Rovira i Verges; Oleguer Serra Boixaderas; Oriol Soler Castanys; Xavier Vendrell Segura; Jesús Rodríguez Selles; Jaume Cabani Massip y Nicola Flavio Guilio Foglia”.
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