El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberá crear una lista de objetores de conciencia al aborto en la región, así lo ha dictaminado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ordenando a la Comunidad de Madrid a que inicie los trámites "de inmediato" y conforme a lo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante la medida cautelar del Ministerio de Sanidad y debido a que el Ejecutivo autonómico se negó a elaborar este registro.
La resolución del tribunal madrileño aduce a que, pese a que la medida cautelar del Ministerio de Mónica García no implica la creación inmediata de la lista de los profesionales sanitarios objetores de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, sí pone de relieve la obligatoriedad de iniciar los trámites administrativos pertinentes para su elaboración como aprobación.
El registro es de obligado cumplimiento según la ley orgánica de 2023 y cuya puesta en marcha se articuló en el Consejo Interterritorial en diciembre de 2024, con el voto favorable de todas las consejerías autonómicas de Sanidad, incluía la de Madrid. En consecuencia, todas ellas fueron creando sus respectivos registros, pero cuatro comunidades autónomas, el pasado mes de septiembre, no contaban aún con él.
Motivo por el cual, el Ministerio hizo un requerimiento oficial y el Gobierno de Díaz Ayuso fue el único que descartó cumplir con la normativa vigente, pero, más allá de ello, incluso el Ejecutivo de la Puerta del Sol llevó la cuestión a los tribunales denunciando que se trataba de una batalla ideológica de Moncloa.
Con este nuevo escenario de fondo, la Consejería de Sanidad madrileña ha avanzado que “no ha cambiado nada”, según recoge Cadena Ser, y que el fallo del TSJM “sólo acepta la cautelar e insta a iniciar los trámites, pero no entra aún en el fondo del asunto”. Con ello, han avanzado que recurrirán esta decisión judicial.
Cabe remarcar en este punto que la lista de profesionales objetores de conciencia del aborto es anónima, por lo que uno de los principales argumentos de la Comunidad de Madrid en su negativa caería sobre su propio peso, puesto que, en el auge de la polémica, Ayuso llegó a criticar que este registro supondría un “estigma” para los sanitarios.
Al tiempo, esta lista permitirá que los hospitales públicos puedan organizarse asistencialmente para permitir el derecho al aborto, teniendo en cuenta que, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid prácticamente casi todo el conjunto de las interrupciones voluntarias del embarazo, se derivan a clínicas privadas.
Solo el 0,2% de los abortos en Madrid se realizan por la pública
Según los datos de sindicatos y partidos de la oposición, en la Comunidad de Madrid tan solo se realizan el 0,2% de los abortos que se acometieron en la capital se realizaron en la sanidad pública.
En números más detallados, la región notificó 20.574 abortos el año pasado, de los cuales solo 56 se realizaron en un hospital de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), mientras que los 20.518 restantes se hicieron en clínicas privadas a las que se derivaron las intervenciones. En la práctica, estos últimos suponen un 0,27% del total.