Frenazo al protocolo del Gobierno de Canarias para la acogida de menores migrantes no acompañados, según avanza El País. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decretado la suspensión de manera “cautelarísima” de a iniciativa emanada del Ejecutivo de Fernando Clavijo mediante una resolución con fecha de este viernes. El tribunal insular acepta de este modo la petición de la Fiscalía, que escenificó una posición crítica con una medida orientada a la adición de nuevos trámites que obligarían a mantener a los niños bajo custodia policial durante horas o incluso días.
“Se accede a la suspensión [del protocolo] por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia”, concluyen lo magistrados del TSJC en una resolución mediante la cual argumentan que la iniciativa autonómica implica “una innovación no poco relevante del régimen jurídico actualmente en vigor”. Pese a que el Gobierno insular presenta la iniciativa como garante de los derechos de los menores, los jueces estiman que “resulta difícil negar” que su aprobación “pueda comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción de dichos menores a las autoridades autonómicas que tienen confiado su cuidado”.
Precisamente fue esta tesis la que expuso la Fiscalía en su recurso. El Ministerio Público aseguró en su momento que, en el supuesto de que se ejecutase la iniciativa gubernamental, los menores migrantes no acompañados quedarían en una situación de “desamparo” y, por lo tanto, “desprovistos de atención inmediata” tras ser rescatados ya fuera en el mar o “interceptados a su llegada a la costa” por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, el TSJC pone de manifiesto que “tan relevante alteración del actual marco normativo aconseja en este trance el mantenimiento del actual statu quo”, especialmente ante la “repercusión” a futuro que pueda tener un protocolo “sobre un colectivo tan especialmente sensible y vulnerable”.
Así, los jueces firmantes de la resolución abundan en el “principio de elemental cautela” que ha de primar en este tipo de supuestos. En este sentido, matizan que la necesidad de que se busquen “espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional que se antoja indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene” en el marco de la Comunidad de Canarias.
El protocolo de Clavijo
La iniciativa impulsada por el jefe del Ejecutivo insular y que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la pasada semana, diseña nuevas barreras burocráticas para que la comunidad acepte la recepción de un menor migrante no acompañado a su territorio. Se impusieron nuevos requisitos previos y una serie de trámites de competencia policial y que supondrían retrasos en la entrada del niño o adolescente en un lugar de acogida adecuado. Entre el abanico que contempla el texto se requiere una reseña policial completa, una entrevista, un acto formal de entrega del joven a las autoridades nacionales y autonómicas, así como la confirmación de que existe plaza en el territorio para el menor.
Antes de que los magistrados del tribunal insular decretaran la suspensión cautelarísima, la consejera canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, defendía que el plan impulsado por su Gobierno responde a la posibilidad de que cada territorio aprobase un protocolo. Esto supone, en palabras de la dirigente canaria, “adaptar esa situación a la canaria y la realidad”. Al mismo tiempo, aseguraba que el protocolo se estaba cumpliendo “sin incidencia” reseñable. “Está en marcha. Los menores están siendo entregados con foto, ficha y nombre, que era lo mínimo que se podía pedir. Están perfectamente atendidos, pero es verdad que hay que hacerlo conforme a un protocolo por garantías jurídicas y garantía de los derechos de los menores”, apuntó.
Así las cosas, las administraciones central e insular se han citado para una primera reunión el próximo lunes en el marco de la batalla competencial planteada por el Ejecutivo en el Constitucional. Barreto avanzaba que el Gobierno de Clavijo defenderá “su realidad”, aunque confía en llegar a un acuerdo con la coalición. “Creo que hay que sentarse ahí con seriedad para ver el planteamiento del Gobierno de España y que se entienda también el planteamiento jurídico de Canarias”, apuntaba Barreto.
