La polémica ha salpicado a À Punt y a la Generalitat Valenciana en las últimas semanas. Después de que Radio Televisión Española (RTVE) ofreciese unas imágenes de la reunión del CECOPI el trágico día de la DANA que un equipo de la radiotelevisión valenciana había grabado, desde el ente de la ciudad del Turia decidieron cargar contra la Corporación e iniciar una investigación interna sobre la “filtración". Estas imágenes podrían ser claves en la investigación, puesto que prueban que Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, mintió ante la jueza que instruye la causa. Por ello, la magistrada acaba de solicitar a À Punt y a la Generalitat que aporten el vídeo que trataron de ocultar.
Tras requerir las imágenes de la reunión del CECOPI a RTVE, ahora, Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada instructora del Juzgado nº 3 de Catarroja, también ha solicitado el material a la televisión valenciana y a la propia Generalitat, según ha publicado El País. De esta manera, la jueza busca incorporarlo a la causa que trata de esclarecer la gestión llevada a cabo el trágico 29 de octubre, día en el que fallecieron 229 personas como consecuencia de las devastadores riadas de Valencia.
En las últimas horas, la televisión valenciana manifestó que pondría el material a disposición de la jueza si así lo solicitaba esta. Sin embargo, en el mismo comunicado, el ente regional apuntaba que la difusión voluntaria del vídeo podría acarrear consecuencias para el canal, así como suponer "una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente".
"Este hecho podría significar para À Punt incurrir en responsabilidades penales, sin descartar a los propios trabajadores que lo grabaron o a los que han tenido acceso a estas imágenes, ya que la reunión era a puerta cerrada. No obstante, À Punt expresa a la juez que todos los brutos se entregarán al juzgado de manera inmediata en el momento que les sea requeridos", afirmaba la cadena pública.
Las imágenes prueban la mentira de Salomé Pradas
Las imágenes difundidas por RTVE podrían ser claves en la causa penal sobre la gestión de la DANA, instruida por Nuria Ruiz, la jueza de Catarroja. En ellas no solo destaca que Salomé Pradas daba instrucciones sobre el mensaje Es-Alert a las 18:59 horas, es decir, una hora y doce minutos antes de que se enviara, sino que se prueba que evitó llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): “Llamad a Miguel Polo, a mí no me apetece”.
Por ello, con el fin de esclarecer qué es lo que ocurrió realmente, el PSPV ha presentado una batería de medidas entre las que se encuentra la petición de la comparecencia del presidente de la televisión valenciana, Vicente Ordaz, y del director de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Francisco Aura, ante la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual para que den lase explicaciones oportunas sobre “la filtración de un vídeo con sonido relevante en una investigación judicial y la emisión de una pieza informativa sobre esta información explicando la postura de la dirección pero atribuida a la ‘redacción”.
La portavoz socialista sobre À Punt en la Cámara, Mercedes Caballero, demanda que Ordaz y Aura aclaren "dos cuestiones fundamentales y que merecen una explicación minuciosa". "Por un lado, ¿cómo es posible que À Punt tuviera un audio que demuestra que los hechos relatados por la consejera Pradas no responden a la verdad y no lo pusieran a disposición de la jueza? Qué es más importante, ¿el compromiso de no difundir un audio grabado o un proceso judicial que investiga la muerte de 229 personas?", se pregunta.
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