El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha inadmitido la querella que Vox presentó contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, su exasesora Dina Bouseelham, el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa y la abogada de Podemos Marta Flor por el caso Dina.

Tal como adelanta el diario ABC, fuentes jurídicas informan al medio que el instructor dio a Vox unos días para solucionar un defecto de forma que presentaba la querella, pero que ha decidido remediarlo acordando su inadmisión.

Fue Alejando Luzón, fiscal Jefe Anticorrupción, quien presentó un escrito la semana pasada informando que instaba que fuese rechazada de plano porque su contenido, en especial lo referente a Stampa y Flor, no coincidía en nada con el objeto procesal de esta pieza investigada por separado del caso Villarejo.

El mismo diario añade que en el informe también se señala que tanto Iglesias como el propio fiscal son aforados y por ello la competencia de investigarles recae sobre el Tribunal Supremo.

Hasta seis delitos para Vox

En su querella, Vox les imputaba en el marco de la pieza 'Dina' -en la que se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía- hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comentaba determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.

En concreto, el partido de Abascal hablaba de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.

En uno de los últimos autos del juez Manuel García-Castellón se aceptaba la personación de Vox y de una asociación de juristas como acusación popular pero no se admitía a trámite la querella al constatar "un defecto procesal subsanable".

Cabe recordar que en la última testifical de este caso en la que declaró el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, éste apuntó a que Podemos había hecho un "montaje" con el caso 'Dina' para sacar rédito político en las generales de abril de 2019, si bien fuentes que asistieron al mismo indican que se basó en rumores para sostener esto. El representante del Ministerio Público que realizó el interrogatorio fue el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.