La investigación judicial sobre el rescate público de Air Europa da un nuevo paso. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite las querellas presentadas por el Partido Popular y Vox contra la operación aprobada por el Gobierno durante la pandemia y ha acordado imputar al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Según consta en un auto dictado por el juez José María Escribano, el magistrado ha citado ya a Lora para declarar en calidad de investigado el próximo 3 de julio. La resolución judicial supone la apertura formal de una nueva vía de investigación sobre uno de los rescates empresariales más relevantes aprobados por el Ejecutivo durante la crisis provocada por la COVID-19.
La decisión del juez llega tras las acciones judiciales impulsadas por PP y Vox, que cuestionan las circunstancias en las que se concedió la ayuda pública a la aerolínea y sostienen que pudieron producirse irregularidades en el procedimiento administrativo que culminó con la aprobación de los fondos.
La Justicia pone el foco en la SEPI
Además de la imputación de Bartolomé Lora, el magistrado ha acordado requerir diversa documentación a la SEPI con el objetivo de analizar el proceso seguido para aprobar el rescate. Entre los documentos reclamados figura el expediente completo de la operación, una pieza clave para determinar si se respetaron todos los procedimientos exigidos por la normativa vigente.
La petición de documentación refleja la intención del juzgado de profundizar en la toma de decisiones que desembocó en la concesión de las ayudas públicas a Air Europa. La compañía recibió un rescate de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un instrumento creado por el Gobierno para evitar la quiebra de empresas consideradas esenciales durante la pandemia.
La investigación judicial no implica por el momento que se hayan acreditado irregularidades, pero sí que el juez aprecia indicios suficientes para iniciar diligencias y examinar con detalle las circunstancias denunciadas por los querellantes. La citación de Lora como investigado responde precisamente a la necesidad de esclarecer cuál fue su participación en la tramitación y aprobación de la ayuda.
Un rescate bajo escrutinio político y judicial
El rescate de Air Europa ha estado rodeado de controversia política prácticamente desde su aprobación. Los partidos de la oposición han cuestionado durante años los criterios utilizados para conceder las ayudas y han reclamado explicaciones sobre los informes técnicos y económicos que sustentaron la operación.
La compañía aérea fue una de las empresas más afectadas por el desplome del tráfico aéreo provocado por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. El Gobierno defendió entonces que la ayuda era necesaria para garantizar la viabilidad de una empresa estratégica para el sector turístico y para preservar miles de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a la actividad de la aerolínea.
Sin embargo, las críticas sobre el procedimiento seguido han persistido en el debate político y ahora han encontrado una nueva dimensión judicial. La admisión a trámite de las querellas presentadas por PP y Vox sitúa el foco sobre la actuación de la SEPI, organismo encargado de gestionar el fondo de rescate empresarial.
La declaración de Bartolomé Lora prevista para el próximo 3 de julio será uno de los primeros hitos de una investigación que acaba de arrancar y que podría ampliarse en función de la documentación que reciba el juzgado y del resultado de las diligencias acordadas.
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