Nuevo auto del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, nuevo rejón al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. En el auto hecho público este martes, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el polémico juez dice, sobre el hecho del borrado de datos de los terminales telefónicos de García Ortiz que “carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal”.
Y añade que “en el caso de la presente Instrucción, es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre”.
Indica que ante esa desaparición, se ha acordado la práctica de determinadas diligencias de instrucción para tratar de recuperar pruebas, para lo que “ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos”.
Datos privados
En el mismo auto, el juez sí que le da la razón a García Ortiz sobre la filtración de sus datos personales. Así, acuerda que a partir de ahora los anexos de los oficios que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se entreguen a las partes personadas, sino que queden a disposición de las mismas para su consulta en la secretaría del tribunal.
El instructor toma esta decisión tras la queja de Álvaro García Ortiz sobre vulneración de la normativa de protección de datos por los que figuran en los anexos de los informes de la UCO. En lo sucesivo, señala el juez, se entregará a las partes el documento en que se recoja la pericia oficial, y los anexos que la complementan quedarán a disposición de las partes en la secretaría.
El juez se refiere a las citas que se han hecho al artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando dice que jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, conforme a sus competencias, podrán adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos “siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva”, y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.