Tres meses han pasado desde que el pasado 19 de diciembre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidiera al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, novio de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Benemérita no ha obtenido respuesta.
La anterior jueza, Inmaculada Iglesias, decidió un mes antes involucrar a la UCO en las pesquisas después de que la Fiscalía y la acusación popular le solicitaran la incorporación de la unidad central operativa en el caso. Iglesias aceptó considerando “la complejidad de la investigación de los hechos y el carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.
La magistrada se jubiló en verano y en el cambio de titula en el juzgado retrasó el estudio de los movimientos de la pareja de la lideresa regional. Así se llega a la incorporación de Viejo, en octubre, quien todavía no ha autorizado al cuerpo para indagar en las compañías y las cifras del empresario. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) justifica la demora alegando la enorme carga de trabajo que tiene el juez, según confirma este jueves elDiario.es.
La UCO hizo parte de su trabajo, analizando la información que aparece en la causa, pero sin una autorización explícita de un magistrado no puede hacer mucho más. Fuentes apuntan al medio mencionado que la persona que relevó a Iglesias en la investigación ha tenido que empezar de nuevas en el Juzgado de Instrucción número 19; un hecho que viene motivado porque su sucesora no redactó un inventario, cosa que sí ocurre cuando se dan otro tipo de ceses del titular de un juzgado.
En la práctica, esto supone que Viejo haya tenido que catalogar las causas una a una, viéndose obligado a priorizar las que tienen a investigados en situación de prisión provisional o que, a su juicio, afectan de lleno a la vida de los perjudicados (estafas, herencias, etc).
La tardanza con la que están llegando documentos concluyentes es excepcional en lo relativo a González Amador si se compara con otros casos que también han tenido relevancia mediática en los últimos meses y que afectaban al Gobierno de España, no por la implicación de sus miembros, sino por las acciones de personas que habían formado parte del Ejecutivo central.
La velocidad ha sido distinta incluso en cuestiones que afectan a la pareja de la presidenta, aunque en este caso le han beneficiado, también reputacionalmente. Es lo que ocurrió con la condena y posterior sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que llegó en un tiempo récord -la primera-, mientras que la segunda sembró bastantes dudas sobre el buen hacer judicial.
En otro orden de cosas, el juicio contra el compañero sentimental de Ayuso no tendrá lugar hasta 2027, después de las elecciones nacionales y a la Comunidad de Madrid. Todavía se desconoce la fecha exacta.
El Poder Judicial tiende a ser muy estricto ante la posibilidad de que sus decisiones interfieran en unos comicios o cualquier otro proceso democrático, y en este caso es evidente que, aunque González Amador no ocupa ningún cargo en la capital regional, es una persona mediática.
Los órganos judiciales defendían que la demora se corresponde con la carga de trabajo que tienen las estancias judiciales por la denominada reforma Bolaños, la ley que sale de Ministerio de Justicia que transforma estos juzgados en los nuevos tribunales de instancia. Ello les impide fijar una fecha de la vista oral en 2026, por lo que el juicio pasa directamente a celebrarse al año siguiente.