La juez de la DANA pide a Vilaplana los datos de la tarjeta con la que pagó el parking

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha acordado requerir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de las riadas con el president de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, los datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta donde dejó su coche.

Así consta en un providencia de este miércoles en la que la instructora hace esta petición a fin de que la empresa que regenta ese parking remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche de la periodista.

Y es que la empresa, a la que la jueza le pidió los datos, ha trasladado al juzgado que esa información de lectura de matrículas de los vehículos que acceden al aparcamiento es eliminada "automáticamente" por el sistema cuando pasa un año desde la prestación del servicio, mientras que el de las imágenes de los accesos y salidas al cabo de un mes, en cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Por tanto, no pueden ofrecer datos de entrada y salida del 29 de octubre de 2024 vinculados a matrículas específicas que hayan registrado su entrada y salida por la maquinaria del aparcamiento al haber transcurrido el periodo de conservación, según consta en el escrito consultado por Europa Press.

Respecto de los movimientos en el aparcamiento registrados por la aplicación P-APP, la empresa ha verificado que ningún usuario registrado con la matrícula del coche de la periodista efectuó salida del aparcamiento en ese día.

Sin embargo, la compañía traslada a la jueza que si la operación fue pagada con tarjeta bancaria, cruzando datos los listados de estancias y pagos y los de cobros con operaciones de tarjetas bancarias, se puede conocer la hora de entrada y la de salida de ese día teniendo el número de la tarjeta.

Por ello, la magistrada pide a la comunicadora que proporcione al Juzgado, "a la mayor brevedad", captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de Valencia, el día 29 de octubre de 2024, así como los dígitos de la tarjeta bancaria y el tipo de tarjeta con la que efectuó ese pago "teniendo en cuenta que serán oportunamente anonimizados y que dicha información estará destinada exclusivamente al cumplimiento del oficio".

Y ello, explica, "atendiendo a que la testigo ya expresó su voluntad de facilitar el asiento contable de pago con su tarjeta bancaria". Una vez verificado este extremo y tras remitir a la mercantil Interparking la documentación que se aporte por la testigo, se requerirá de nuevo a la empresa para que, en el plazo de tres días, remitan la información sobre la hora de entrada y salida el día 29 de octubre de 2024 del vehículo.

La magistrada acordó tomar declaración a la periodista por orden de la Audiencia de Valencia y le pidió que, en su declaración aportara el tique del parking, algo que Vilaplana no pudo hacer. Según la versión de la periodista, estuvo en el restaurante El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, cuando ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo, un recorrido en el que la acompañó Mazón y que fue conocido recientemente.

Grabaciones

Por otra parte, la magistrada, en un auto, ha acordado acceder a la petición de Intersindical Valenciana de recabar las grabaciones de las comunicaciones realizadas el día 29 de octubre de 2024, a través del Grupo de comunicación de radio V-Valencia, del CCE, así como su transcripción, acotándolas al periodo de tiempo que había interesado el ministerio fiscal: entre las 12.00 y las 15.30 horas.

En este caso la magistrada considera determinante el testimonio de un sargento de Bomberos, quien manifestó que era conocedor de que sus comunicaciones eran grabadas, que se podían solicitar, y que estaban monitorizadas con el Centro de Coordinación de Emergencias.

Estas grabaciones son, en consecuencia, "la documentación de la actuación profesional de los intervinientes, y se justifica el acceso a quienes han de controlar la prestación de servicio", señala la magistrada, que subraya que en este caso debe "de atenderse al objeto por el cual se acuerda recabar dichas grabaciones: la investigación penal, la pérdida de 229 vidas humanas, y las lesiones, y al hecho, igualmente, de que la obtención de los datos que se conservan no afectaría a la intimidad de los intervinientes".

Por tanto, señala que no se afectaría en consecuencia al secreto a las comunicaciones, "conocedores los intervinientes de que son grabados", ni a la intimidad de los intervinientes ya que "se trata de una actividad profesional que no afecta a la esfera privada o íntima".