Las sanciones a jueces en España por no actuar correctamente en sus cometidos, no suelen ser muy habituales. Ante ello algunos alegan que no es un fenómeno amplio porque la judicatura es correcta en su labor o, en el caso contrario, hay quienes piensan que se trata de un sector profesional muy corporativista y que se protegen así mismo. Lo cierto es que los casos de sanciones, expulsiones o incluso pérdida de libertad con condenas de prisión, son muy escasos en un colectivo que según los datos oficiales nos indican, a 1 de enero de 2024, que la Carrera Judicial estaba integrada por 5.416 jueces.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial serían cinco los tipos de sanciones susceptibles de imponer a los jueces y magistrados. Por un lado, nos encontramos con la mera advertencia. También con la imposición de sanciones económicas hasta 6.000 euros. Existe también en el régimen sancionador la figura del traslado forzoso a cien kilómetros de su destino a un juzgado con sede separada. La suspensión de hasta tres años y la separación del cargo de manera definitiva, son las otras medidas disciplinarias que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las razones por las que en la mayor parte de los casos se toman medidas disciplinarias contra un juez o un magistrado van desde el hecho de beneficiar a delincuentes, el mantenimiento en la cárcel a inocentes, la ruptura de la imparcialidad cuando no se abstienen en asuntos en el que tuvieran intereses directos de familiares, dictar, a sabiendas, sentencias o resoluciones injustas, hasta la acumulación de retrasos injustificados a la hora de dictar sentencias.
Casos de este tipo, han motivado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a expulsar a jueces, aunque hay que subrayar que se tratan de decisiones disciplinarias de carácter muy excepcional.
Reseñamos los casos más destacados.
Luis Pascual Estevill, cárcel por cohecho y prevaricación
El Tribunal Supremo condenó a seis años de inhabilitación en julio de 1996 a Pascual Estevill, a la sazón vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la comisión de un delito continuado de prevaricación y dos de detención ilegal. Quedó comprobado que el juez Estevill tomó decisiones a sabiendas de que eran injustas -justificándose en sus “íntimas convicciones extraprocesales”- entre ellas el ingreso en prisión de tres personas.
En el año 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también le condenó a 9 años de prisión por cohecho y prevaricación por haber atemorizado a empresarios y banqueros desde su condición de juez instructor tras haberles extorsionado y amenazado con enviarles a prisión dictando resoluciones injustas. El Supremo confirmó la sentencia en septiembre de 2006.
Javier Gómez de Liaño y su papel en el “caso Sogecable”
Otro caso notorio fue el del magistrado Javier Gómez de Liaño de la Audiencia Nacional. Se trata de uno de los casos más mediáticos. Liaño fue condenado a 15 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo el 15 de octubre de 1999 por prevaricación en el caso Sogecable. Fue uno de los casos más mediáticos, ya que el juez investigó a la empresa Sogecable (Canal Plus) por supuestas irregularidades contables y por el supuesto uso indebido del dinero de la garantía depositada por los abonados.
Tras ser archivado el caso, fue condenado y suspendido por el CGPJ el 19 de junio de 1998. Curiosa la mención de la sentencia cuando subrayó que la causa no se archivó en falso, sino que “Liaño la abrió en falso” y señalaba como Liaño mantuvo el secreto del sumario cuando la Audiencia le había reiterado lo levantara. El entonces magistrado impuso al presidente de Prisa, Jesús de Polanco una fianza millonaria de 200 millones de pesetas.
Baltasar Garzón, compañero en la audiencia del juez acusó a la fiscal María Dolores Márquez de Prado, esposa y abogada defensora del Liaño, de haber afirmado al admitir la denuncia que iban “a hacer la resolución judicial para acabar con el sistema político corrupto y con el felipismo”.
Justo Gómez Romero, 18 años de inhabilitación
En julio de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a dos años de prisión y 18 años de inhabilitación al juez de la Palma del Condado (Huelva) Justo Gómez Romero por cohecho, prevaricación impropia y exacciones ilegales cometidos en 1996. El Tribunal Supremo confirmó la condena a Romero en agosto de 2004.
El Tribunal Supremo señaló que el juez percibió dinero por evitar el desahucio de un mesón de la Palma del Condado. Prevaricó al no inhibirse en una ejecución hipotecaria de una entidad cuyo presidente era familiar así como por rechazar suspender una subasta pública de un complejo turístico.
Fernando Ferrín Calamita
El juez Fernando Ferrín Calamita, fue condenado por el Tribunal Supremo a diez años de inhabilitación por retrasar la adopción de una niña por una mujer lesbiana. Calamita prevaricó al retrasar la adopción de una menor que había sido pedida por la compañera sentimental de la madre biológica.
Francisco Urquía y la corrupción marbellí
Quien fuera juez en Marbella, Francisco Urquía, fue condenado a dos años de cárcel por cobrar 60.000 euros de un intermediario por dejar en libertad a un detenido de la 'Operación Hidalgo', un caso de la amplia corrupción marbellí. Desde su juzgado de Marbella, Urquía montó en 2006 una operación con el saldo de 20 detenciones, la incautación de 90 millones de euros, 60 coches de lujo y 500 viviendas de lujo de la Costa del Sol. Pero al comprobarse que aceptó un soborno, fue condenado a dos años de cárcel y expulsado de la carrera judicial.
Salvador Alba contra Victoria Rosell
En 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó al juez Salvador Alba a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación. El motivo fue conspirar contra la también jueza, Victoria Rosell, quien luego sería delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y miembro de Podemos.
Alba incurrió en delitos de prevaricación en concurso con cohecho y falsedad en documento oficial para dañar la reputación de Rosell. Alba llegó al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, luego que la propia Rosell lo dejara tras pedir una excedencia para presentarse por Podemos a las elecciones generales de 2015.
Adelina Entrena, la jueza que se dejó un preso olvidado en prisión
La jueza de Motril Adelina Entrena “olvidó” decretar la libertad de tres presos, de hecho uno de ellos estuvo más de un año en prisión de manera injusta. Adelina Entrena había sido apartada en el 2007 de la carrera judicial por mantener en prisión a un preso durante 437 días después de su absolución junto a otras faltas graves.
Por esto, la juez miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, fue condenada a un año de separación del servicio. Más tarde, en el procedimiento disciplinario, el CGPJ acordó la expulsó por graves acusaciones de desatención de su trabajo y el “descontrol” de su juzgado. El Supremo ratificó en 2010 la decisión. La jueza fue hallada muerta en su casa en 2014.
Presencia, el juez difusor de noticias falsas
Muy destacado el caso del juez Fernando Presencia, condenado por prevaricar e investigado por enriquecerse con noticias y denuncias falsas. Fernando Presencia Crespo, exmagistrado de los juzgados de Talavera de la Reina fue expulsado de la carrera judicial y condenado en varias causas. En 2016 el juez Presencia fue inhabilitado de su cargo durante 10 años por un delito de prevaricación, que se le volvió a imponer con otros 10 años de condena en 2018. En 2020 volvió a ser condenado a dos años y 10 meses, y a pagar una multa de 30.000 euros, por un delito continuado de denuncia falsa. Ingresó en prisión por la difusión masiva de informaciones y denuncias falsas sobre jueces, fiscales, periodistas y políticos.
Francisco Serrano, el juez de Vox en Andalucía
El juez, Francisco Serrano, llegó a ser el líder de Vox en Andalucía, candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones de 2018 y portavoz de los ultras en el Parlamento regional. En 2011 se le condenó por prevaricación candidato a la Junta en las elecciones de finales de 2018. Antes de su ingreso en la política fue abogado y juez habiendo protagonizado numerosas polémicas. Alteró el régimen de visitas de un niño de 11 años, luego de haberlo decidido así un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, para facilitar que saliera en una procesión de Semana Santa con el padre divorciado. Ello le costó una condena de dos años de inhabilitación por prevaricación aunque, más adelante, el Tribunal Supremo agravó la pena hasta los diez años. También tiene que hacer frente a unas acusaciones por presuntos delitos de fraude de subvenciones y estafa por un préstamo oficial que recibió por valor de 2,5 millones de euros.