El Gobierno de España asume como imposible cumplir en tiempo y forma -esto es, de cara a las elecciones generales- el auto del Tribunal Supremo sobre la 'ley de nietos'. Ello se debe a que la decisión del Alto Tribunal supone revisar los expedientes de más de 160.000 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de la norma mencionada y que podrían ser sacados del censo para los comicios.
Según adelanta elDiario.es, el Ministerio de Justicia cifra en alrededor de 76.000 los expedientes que tienen formato electrónico y que aparecen en el registro civil informatizado, lo cual facilita su revisión para determinar si aportaron documentos del exilio de sus antepasados, con lo que sí que tendrían derecho a voto.
Concretamente, se trata de personas que accedieron a la nacionalidad española a partir de mediados de 2024, pero del otro lado hay 80.000 expedientes físicos que se sitúan en los archivos de los consulados y que pueden estar mezclados con otros tipos de expedientes. En este supuesto, la separación debe hacerse a mano, lo cual no daría tiempo, según aseguran las fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños al periódico mencionado.
Entre los días 24 y 30 de octubre, la Oficina del Censo electoral tiene que remitir a las personas llamadas al voto la documentación para que el próximo 29 de noviembre acuda a las urnas, con lo que el tiempo es muy limitado.
El Alto Tribunal diferencia entre dos formas de acceso a la nacionalidad. De una parte, las personas que aportan documentos del exilio de sus antepasados, y de otra, las que se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido del país entre 1936 y 1955 y sobre la que la Justicia ha señalado que podría ser irregular.
El primer grupo sí que podría votar atendiendo a la decisión del Supremo, pero este derecho está suspendido de forma preventiva a todos, quedando en manos de los consulados la tarea de cribar unos expedientes. La mayoría de ellos no están digitalizados, lo cual complica la actuación de los trabajadores.
El Ejecutivo critica el auto del Tribunal Supremo
El Gobierno ha cargado con dureza contra la decisión del Supremo en varias ocasiones desde el momento mismo en el que se conoció la resolución, celebrada por PP y Vox, que el órgano judicial mantiene para el 29-N.
En la rueda de prensa del pasado martes posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz insistía en que muchas personas “huyeron del país, de una dictadura” y pidió reflexionar: “Lo importante es destacar que el derecho a voto se protege, no se restringe”. Asimismo, dijo que se encontraban analizando desde Moncloa la decisión, que “acatarán” en cualquier caso, no sin antes analizarlo hasta el final.
Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva socialista, se pronunciaba en los mismos términos al solventar que la decisión “no se entiende” y que la gente que se queda fuera tiene el mismo “derecho a votar” que tenían en 2023 y en las elecciones autonómicas de las que han participado.
Ya este miércoles, el titular de Justicia, Félix Bolaños, ha denunciado que lo acontecido implica un “recorte masivo de derecho” en una entrevista concedida a Al Rojo Vivo. El ministro ha destacado que la pregunta que, a su entender, cabe hacerse es por qué los ‘populares’ “hacen suyo el discurso de la ultraderecha”.
PP y Vox
En paralelo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que “no se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y aquellos que no provienen de exiliados”. “No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo”, ha pronunciado en las últimas horas.
Esta semana Vox celebraba que el Tribunal Supremo le haya dado la razón acerca de la suspensión del voto de los nacionalizados con la bautizada como ‘ley de nietos’ y se congratulaba en palabras del jefe de la delegación de las formación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, de que las elecciones se vayan a celebrar “sin fraude” ni “alteraciones del censo”.
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