Este lunes declaraba ante la magistrada del Juzgado Número 3 de Catarroja, Nuria Ruíz Tobarra, instructora de la causa de la DANA, el jefe de climatología de la AEMET, José Ángel Núñez Mora. Dentro de todo lo que ha explicado, que no ha sido poco, ha dicho una frase que define la diferencia entre los que se preocuparon el día de la riada que costó 228 vidas, y los que no. El climatólogo le ha explicado a los presentes que se había preparado toda la vida para hacer bien su trabajo el día 29 de octubre de 2024.

Una frase, lectores, que podría parecer baladí, pero que ni mucho menos lo es. Él hizo su trabajo, estuvo ahí, al pie del cañón. Y mientras unos trabajaban como mulas, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se largaba de comilona al Ventorro y se borraba del mapa hasta las ocho y media de la tarde, igual que su vicepresidenta primera, Susana Camarero, que no anuló su agenda, y estaba entregando premios mientras a los valencianos se los llevaba por delante una riada de agua y fango.

Capítulo aparte tiene la que fuera consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, imputada en esta causa como presunta autora de 228 muertes por negligencia. Una consellera que tuvo el cuajo de decirle a la juez que ella no sabía nada de emergencias, y que su cargo era “meramente institucional”. Salomé, la consellera que no sabía de emergencias, derramaba lágrimas de cocodrilo ante los presentes mientras le echaba la culpa a los técnicos.

Pero las mentiras tienen las patitas muy cortas y, declaración tras declaración, se evidencia que la inutilidad no era de los técnicos, sino de aquellos que debían haber tomados las decisiones que podrían haber salvado vidas aquella fatídica tarde del 29 de octubre.

Abonando el terreno para la corrupción

La instrucción de este caso está evidenciando que las costuras del Gobierno de Mazón, según él, “el de los mejores”, están más que abiertas. Están directamente rotas. Pero claro, hablamos de un Gobierno que, junto a sus socios de Vox, no han dudado en meter de rondón dentro de la ley de acompañamiento un cambio que, de facto, ha supuesto cargarse la colaboración que existía entre la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Valenciana Antifraude. Un acuerdo que permitía, a través del artículo 5, a Antifraude, “ser un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal cuando sea requerida”.

Los mejores…sí, los mejores en desaparecer en el peor día de la historia de la Comunidad Valenciana, los mejores en dejar ‘abonado’ el terreno para que la corrupción vuelva a campar a sus anchas, tal y como hacía con las anteriores administraciones del Partido Popular. Unas administraciones populares que tienen 185 personas con sentencia firme relacionada con la corrupción. Y es que Mazón se ha erigido como digno sucesor de su padre político, el expresidente y exministro condenado por corrupción, Eduardo Zaplana.

Pero claro, este es buen momento para recordar que los informes remitidos desde la Agencia Valenciana Antifraude fueron capitales para conseguir la condena de Zaplana en el caso de las ITV. Unos informes que también se han presentado en procedimientos tan importantes como son Taula y Azud.