El Gobierno ha tomado la delantera para evitar nuevas fricciones con el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha remitido una carta al instructor ofreciéndole un coche oficial para facilitar su traslado hasta La Moncloa, donde el próximo miércoles 16 de abril a las 10:30 horas tomará declaración a Bolaños como testigo en el caso.
La medida llega después de que el propio juez trasladara, la semana pasada, su preocupación sobre las condiciones de acceso a la sede de la Presidencia del Gobierno. En un escrito, Peinado señaló que no tenía "inconveniente" en acudir a Moncloa para el interrogatorio, siempre y cuando se le facilitase "un vehículo del parque móvil ministerial" tras la experiencia previa vivida con la declaración de Pedro Sánchez, cuando fue retenido "un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario".
En su misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bolaños ofrece no solo el coche oficial, sino también la posibilidad de coordinarse con personal técnico para garantizar que la toma de declaración se realice "con las condiciones adecuadas". Para ello, solicita al juez que concrete "la hora y el lugar de recogida" y que indique la identidad de los funcionarios que le acompañarán durante la diligencia.
"Para facilitar el acceso y salida de la comisión judicial al Complejo de la Moncloa (...) les ofrecemos la posibilidad de disponer de un vehículo del parque móvil", señala el ministro. Además, añade que "les rogamos que nos envíen un correo electrónico concretando las necesidades requeridas".
El movimiento de Bolaños pretende evitar cualquier contratiempo logístico o protocolario que pudiera ser utilizado como argumento para denunciar irregularidades en el proceso. La cita, en cualquier caso, representa un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Ejecutivo y el juez Peinado.
La citación de Bolaños
El interrogatorio a Félix Bolaños fue acordado después de que Alfredo González, vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno en 2018, le señalara como su superior jerárquico en relación con el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.
Durante su declaración como testigo, González aseguró que tramitó "muchos" nombramientos de personal eventual durante el cambio de Gobierno y que no recordaba si había revisado el currículum de Álvarez. El juez, sorprendido por la falta de control en esos procesos, le preguntó insistentemente si propuso la contratación sin conocer a los candidatos. González defendió que este tipo de procesos eran habituales para personal eventual, que no requería los mismos requisitos que un funcionario de carrera.
Cuando el juez le pidió concretar a quién reportaba en su trabajo diario, González apuntó directamente a Félix Bolaños, describiéndolo como su superior directo y afirmando que despachaba asuntos con él "todos los días".
Aunque inicialmente el juez había propuesto que la declaración se celebrase en la sede ministerial de la calle San Bernardo, en pleno centro de Madrid, Bolaños solicitó trasladar el acto a La Moncloa por razones de seguridad. El jefe de su escolta justificó el cambio alegando que la sede ministerial está ubicada "a escasos metros de una de las paradas de Metro más concurridas de Madrid, la de Noviciado", y que la afluencia de turistas durante Semana Santa podría complicar el normal desarrollo de la diligencia.
Además, Bolaños recordó en su carta que, como miembro del Ejecutivo, tiene derecho a declarar por escrito según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el juez desestimó esta posibilidad, alegando que la citación no es en calidad de ministro, sino por su antiguo cargo como secretario general de Presidencia, lo que excluye la aplicación del privilegio procesal.
El precedente de la declaración de Sánchez
El procedimiento sigue la misma línea que en la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 30 de julio. En aquella ocasión, el jefe del Ejecutivo también pidió declarar por escrito, pero el juez Peinado rechazó su solicitud y optó por tomarle declaración presencial en La Moncloa. Sánchez, finalmente, se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a un cónyuge no declarar en contra de su pareja.