Garzón fracasa en el intento de corregir su condena ante los tribunales españoles

El Comité de Derechos Humos de Naciones Unidas consideró en 2021 que la sentencia contra el exjuez Baltasar Garzón, por la que se le inhabilitó durante once años, se enmarcó en un proceso judicial injusto, igual que el referido a sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo, del que fue absuelto. Han transcurrido cinco años desde que el organismo de la ONU emitiese dicho análisis, pero el magistrado no ha conseguido que ningún tribunal español atienda sus reclamaciones de corrección y compensación, pese a contar con el dictamen del Comité.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional no han atendido las peticiones del que fuera juez hasta ser condenado por las escuchas ilegales de la trama Gürtel. Garzón siempre había estado en el punto de mira, pues asumió causas como las que afectaban a la operación Nécora, al terrorismo de los GAL o al dictador chileno Augusto Pinochet. Alguno de estos procesos, además de la no investigación de la tortura a presos por terrorismo, le costaron críticas, pero no le costaron el puesto.

El exmagistrado fue absuelto del proceso en el que se juzgaba su intención de investigar los crímenes del franquismo, pero no se libró de la causa que auditaba su proceder en la mayor trama de corrupción del Partido Popular (PP). Garzón ordenó intervenir las comunicaciones que mantenía Francisco Correa y sus socios, quienes se encontraban e la prisión de Soto del Real, con sus abogados, Manuel Delgado y José Antonio López. Tiempo después, los letrados fueron procesados e imputados por encubrir a los principales acusados de la trama, siendo juzgado López, pues Delgado falleció.

Sin embargo, una querella presentada por el exfiscal Ignacio Peláez contra Garzón terminó con la carrera del magistrado, pues el Supremo entendió que la decisión de aprobar las escuchas fue “injusta” por vulnerar “arbitrariamente” y “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable” el derecho a la defensa de Correa y sus socios. Once años de inhabilitación cayeron sobre Garzón, tal y como reafirmó el propio CGPJ, acabando en la práctica con su carrera como juez.

De nada le sirvieron a Garzón sus recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, en 2012, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en 2013, pues ambas instancias rechazaron sus reclamaciones. Tampoco ha sido de utilidad que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considerase, en 2021, que el proceso al que se había enfrentado no fue justo. Este último dictamen, a diferencia de los pronunciamientos del TEDH o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no debe ser asumido obligatoriamente por los tribuales españoles.

Garzón lo ha intentado. El exmagistrado ha reclamado a la Audiencia Nacional una compensación por el proceso y la eliminación de sus antecedentes penales, pero, pese a que la Fiscalía apoyo esto, el tribunal rechazó su petición a finales de 2025. “Los dictámenes no tienen carácter vinculante ni ejecutivo, ni puede esta Sala exigir al Ministerio de Justicia la implementación del dictamen”, expusieron sus excompañeros. El Tribunal Supremo, siguiendo las directrices del CGPJ, también rechazó revisar lo dictado contra su persona y su expulsión de la carrera judicial y Garzón estudia ahora si seguir litigando para conseguir otra respuesta.