El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo tras ser condenado a inhabilitación como fiscal general del Estado en el caso que se investiga por corrupción al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Concretamente por la revelación del correo en el que el abogado de Amador reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
Fuentes fiscales confirman a EFE la noticia, adelantada por El Mundo, de que el que fuera líder del Ministerio Público ha pedido incorporarse a esta sección, que aunque no deja de ser una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo, es al mismo tiempo una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática, que es una de las intenciones que buscaba el propio fiscal.
García Ortiz, que tiene condición de fiscal de Sala, máxima categoría profesional en el Ministerio Público, llega al Supremo sin saber aún qué ocurrirá con su futuro en la carrera fiscal.
La Inspección de la Fiscalía General deberá estudiar cómo afecta la sentencia a la condición de fiscal de García Ortiz, es decir, si le expulsa o le suspende como fiscal, en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que el Supremo ve "excesivo", aunque reconoce que "las consecuencias extraprocesales de la condena" no es competencia suya.
El Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados así como una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros.
Además, cabe recordar que la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz, presentará ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia, y pedirá de la misma forma que se suspenda de forma cautelar la ejecución de la sentencia. Se trata de los pasos previos antes de recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia que dictó la Sala de lo Penal del Supremo contra el ya exfiscal general del Estado.
