La Fiscalía ha admitido a trámite una denuncia por el fraccionamiento de los contratos en la construcción de varios centros de Formación Profesional en Madrid. Tras las noticias publicadas sobre las posibles irregularidades en estos centros, dependientes de la Consejería de Educación madrileña, el Grupo Parlamentario Socialista denunció ante el Ministerio Público un posible delito de prevaricación administrativa continuada, fraude en la contratación e incluso cohecho.
El documento al que ha tenido acceso este periódico pone el foco en nombres como el de Alfonso Mateos, quien fuera subdirector de FP en la región en el momento en el que se produjeron los hechos. En concreto, según lo relatado en un documento enviado por a la Fiscalía por parte de la propia Consejería, Mateos era la persona que daba la órdenes de pago y las organizaba. Si bien fue cesado de manera fulminante de su cargo, volvió a su plaza de profesor.
Piden investigar más de 300 contratos
Más Madrid se ha sumado a la denuncia anteriormente presentada por el PSOE (la formación de Manuela Bergerot pidió una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido) y, en ella, a la que también ha tenido acceso ElPlural.com, han solicitado la investigación de más de 300 contratos por si pudieran resultar asimismo fraudulentos.
Proyectos que han demostrado ser irregulares
Según las investigaciones, se han identificado irregularidades hasta en ocho proyectos en cuanto a fraccionamiento de contratos de FP se refiere. En Concreto, las informaciones apuntalan que se dividieron obras millonarias en facturas por debajo de los 40.000 euros y, de esta manera, eludir la Ley de Contratos del Sector Público. El método permitió que las obras ejecutadas en distintos centros madrileños se adjudicaran a dedo; es decir, sin pasar el concurso público ni por los procesos de licitación necesarios.
Entre los lugares implicados se encuentra el complejo educativo Ciudad Escolar, en el que se construyó un hospital escuela con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Dicha construcción se formalizó sin contrato oficial ni expediente público, lo que llevó en última instancia a que la Fiscalía estudiara posibles delitos de corrupción, siendo uno de los grandes señalados Alfonso Mateos.
Otro de los casos más sonados, por la forma en la que se hicieron las cosas, fue el del IES Ignacio Ellacurría, un enclave que Ayuso presentó a bombo y platillo durante lo más duro de la pandemia -allá por mayo de 2020-, aunque no fue hasta febrero del año siguiente cuando la lideresa de Sol acude a Alcorcón para inaugurar el mencionado instituto, que iba a ser “pionero” y servir de “referencia” en la educación pública online de nuestro país.
El presupuesto inicial en aquella ocasión era de medio millón de euros, pero para la creación de este hub de primer nivel también se saltaron cualquier control y se repitió el modus operandi que ha demostrado ser habitual. La práctica cabe destacar, tiene cabida en los delitos de corrupción y prevaricación.
Esos hechos resultaron especialmente llamativos porque implicaron un desvío de fondos entre institutos. Para ser más exactos, desde el gobierno autonómico se planteó un modelo de transferencia de fondos a otro colegio de Móstoles para que la obra se pudiera realizar fuera del radar de la Intervención y la fiscalización económica, según relataba por aquel entonces elDiario.es.
Así las cosas, la Comunidad ingresó más de 200.000 euros al instituto Luis Buñuel, de la localidad limítrofe, como si dicha cantidad fuera a terminar en Móstoles. A partir de ahí, se dio la orden a este segundo lugar para abonar las facturas de las constructoras que estaban levantando el edifico en Alcorcón y, cuando este otro disfrutó de personalidad jurídica propia, pasó a asumir los pagos desde sus cuentas hasta alcanzar la cantidad total de la obra con la metodología de las facturas fraccionadas.
Más allá de Mateos, la alto cargo de Ayuso de FP, María Luz Rodríguez de Llera, elude responder a las preguntas relacionadas con este asunto, en el que todo es opacidad y ocultismo. Así las cosas, el antiguo subdirector de Formación Profesional no pudo actuar solo. Esto es, sencillamente, porque los hechos llegaron a ocho centros de cuatro zonas territoriales diferentes, y ni él ni los directores de los institutos tienen competencias sobre dinero ni financiación, sino que gestionan los fondos que reciben. A más a más, del total de centros que por el momento han salido a la luz, uno de ellos ni siquiera es de FP.
A partir de aquí, entre los nombres sobre los que se ciernen la duda se encuentran, por ejemplo, el del ahora presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio -entonces consejero de Educación- o su número dos mientras estaba en la Consejería, Rocío Albert.
España está bien posicionado para el nuevo fenómeno global, dado que “se espera un notable aumento en trabajos relacionados con energías renovables y mitigación del cambio climático, especialmente para ingenieros de energía renovable y de instalación de sistemas solares”, ha añadido Serrano.