La instrucción de la causa contra el que fuera ministro de Hacienda en la era de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, se topó con la obstaculización del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ahora de nuevo mediático por casos como el del ex número tres del PSOE, Santos Cerdán.
En lo que respecta al miembro del anterior Ejecutivo, el fiscal limitó la investigación y se opuso a abrir diligencias que otras voces jurídicas consideraban necesarias para el correcto desarrollo del análisis, como es el caso de Carmen García Cerdá.
En este sentido, la funcionaria quería profundizar en varios correos electrónicos que parecían apuntar a un presunto uso político de Hacienda respecto de la instrucción del caso Gürtel para con rostros tan conocidos como el de Rodrigo Rato, la expresidenta Esperanza Aguirre o el que fuera uno de los hombres fuertes de Podemos, Juan Carlos Monedero. Incluso se referían a periodistas como Javier Chicote, del diario ABC; según publican varios medios de comunicación, entre ellos El Periódico.
Ante ese escenario, García Cerdá recurrió a un mecanismo que no termina de ser habitual: la aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal. Dicho punto permite a cualquier miembro del Ministerio Público dejar patente su discrepancia con las órdenes recibidas por un superior, como ocurrió en ese momento, en el que el fiscal no se mostraba abierto a practicar más diligencias relacionadas con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa.
En la práctica, la petición de la funcionaria se tradujo en una reunión celebrada el 26 de septiembre de 2023 de la que formaron parte todos los fiscales. El objetivo de la cita era comprobar si preferían la praxis de Luzón o la de García Cerdá. Finalmente, le dieron la razón al primero.
La cita tuvo lugar el 26 de septiembre de 2023, y aquel día Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros mientras que tan solo cuatro apostaron por García Cerda, lo que significó que las diligencias que ella consideraba imprescindibles terminaran por no llevarse a cabo.
La funcionaria no cesó en su empeño de seguir por el camino que ella había determinado y se conoció que había realizado alguna consulta judicial sobre los correos que, según ella, se postularían como claves para el devenir de la investigación. Esto provocó que se abriera contra ella un expediente sancionador que concluyó con una multa de 1.000 euros por una falta muy grave de desobediencia, recientemente confirmada por el Tribunal Supremo (TS).
Otra votación a favor de Luzón
La acción en contra de García no quedó ahí, y es que ésta ya había visto limitada su actuación con anterioridad, en el procedimiento que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. El número dos de Luzón, Antonio Romeral, la había sustituido de forma temporal cuando el ministerio público consiguió tumbar la decisión del magistrado para grabar las conversaciones telefónicas que mantenían varios sospechosos.
En este sentido, Romeral consideró que el instructor no había valorado “de forma correcta los diferentes indicios” que habían descubierto los agentes y, por consiguiente, “la adopción de una medida tan injerente en los derechos fundamentales” no estaba justificada. Al final, los sospechosos no fueron grabados, ya que la Audiencia de Tarragona consideró que la decisión del instructor se basaba en una denuncia anónima.
Fue el hecho de apartar a García que vino precipitado por otra reunión tras recibir órdenes que implicaban renunciar a investigar un posible delito de revelación de secretos en los correos incautados, muchos de ellos enviados al ministro por el anterior jefe de gabinete. Aquella cita también se saldó con el apoyo a Luzón de sacar del caso a la funcionaria.
Una de las diligencias, según publica La Información, pasaba por solicitar al fiscal el vaciado de un correo vinculado a Montoro que utilizaba su segundo apellido. La sentencia, que fue favorable al cese, destacaba que el vaciado de la cuenta de correo del exministro fue denegado “por tres veces por el teniente fiscal anticorrupción y antes por el fiscal jefe Alejandro Luzón, debatiendo su procedencia también en la junta de fiscales de este, celebrada en septiembre de 2023, votando la mayoría de sus miembros en contra”.