El fiscal general del Estado Álvaro García ha enviado una carta a los fiscales del procés, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas, así como al resto de la carrera fiscal, en la que asegura, sobre la ley de amnistía, que la norma no se ha aprobado y, por tanto, el FGE no puede pronunciarse sobre una norma que no está aprobada porque “ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados”.

Así, la misiva dice: “Cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El posicionamiento en todo caso técnico-jurídico de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención. En consecuencia, el Fiscal General del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados”.

El Ministerio Fiscal, a juicio de Álvaro García, es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, entre cuyas misiones destaca la defensa de la legalidad, y “debe respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado. Es por ello que nuestra norma estatutaria prevé como una de nuestras primeras funciones la de velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa”.

Asevera que, la observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal, “en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones, lo que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que las y los fiscales de nuestro país tienen encomendada”.

Por último, apostilla que, el fiscal general del Estado, quien ostenta la jefatura superior y la representación del Ministerio Fiscal en todo el territorio español, “es la mejor garantía de nuestro quehacer diario y velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas”.

Álvaro García ha enviado esta carta a los fiscales del procés y al resto de sus compañeros después de las críticas que recibió por parte de la carrera fiscal al no pronunciarse respecto a la ley de amnistía, como sí hicieron, por ejemplo, desde el Consejo General del Poder Judicial, o desde las diversas asociaciones de jueces y fiscales, muchas de ellas con escritos hechos públicos antes de que se registrara la ley en el Congreso de los Diputados.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado día 6 una declaración institucional contra la amnistía que, en aquellos días, negociaban el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un primer pronunciamiento en el que denunciaron que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría "la abolición" del Estado de Derecho en España.

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", alerta. "Confundir el “interés de España” con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", decían.