Los tiempos en la investigación sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, son lentos. No lo decimos nosotros, sino expertos en la materia. El último ejemplo de esto es que el juez Antonio Viejo se comprometió hace más de un mes a permitir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigara las cuentas de la pareja de la baronesa.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con expertos jurídicos para saber de primera mano si esta lentitud es normal en este tipo de procedimientos o, por el contrario, obedece algo que escapa a la lógica jurídica.
Qué dicen los expertos
Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, responde de manera contundente al otro lado del teléfono. “No tiene justificación”, señala. Esta voz explica que existe la posibilidad de que haya “algún auto" que vaya en una línea distinta, pero debería pasar por algo “muy justificado” para que este retraso de los tiempos tuviese cabida, según emite.
Con ello, deja claro que “en principio es una anomalía que tendría que motivar y justificar el juez”. “Incluso, desconozco si hay alguna parte personada, de la Fiscalía (…) pero la Fiscalía también podría mover ficha”, redunda.
En última instancia, hace hincapié en que “si no hay alguna motivación muy justificada, se corresponde con una anomalía” y que la Fiscalía como “impulsora del procedimiento, debería mover ficha y solicitarlo”.
Algo más contenido se muestra Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que entiende que puede existir colapso en los juzgados u otras razones como la falta de tiempo, pero sí confirma que “lo habitual es que la orden para acceder a la cuenta bancaria de un investigado se conceda en pocos días”.
Asimismo, establece una comparativa entre la velocidad adoptada por Antonio Viejo y por el juez que instruye la causa de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, Juan Carlos Peinado. Ambos jueces están en un juzgado de instrucción de Madrid, y mientras que el segundo está tomando “resoluciones rapidísimamente” en torno a la esposa del líder del Ejecutivo, el primero “está tardando muchísimo tiempo”.
“Son dos juzgados iguales, con diligencias parecidas, y en un caso va muy rápido y en otro muy lento (…) Es llamativo y entiendo que pueda ser chocante para el ciudadano”, finaliza en la breve pero esclarecedora conversación con este periódico.
Medio año
Los requerimientos de la UCO para que Antonio Viejo autorice el estudio de los movimientos bancarios de Alberto González Amador, así como su información societaria, cumplen ya seis meses sin que la persona instructora de la causa se haya prestado a autorizarlos.
Al cumplirse tres meses sin que el juez contestara el requerimiento de la Benemérita para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), indicó que el togado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que revisar todas las causas desde la casilla de salida.
Atendiendo a esta justificación, Viejo habría priorizado las causas con preso u otras de especial complejidad que afectaran al día a día de las víctimas, como pueden ser las que guardan relación con temas de herencias o estafas.
La defensa en base al colapso de los juzgados ganaba credibilidad con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados que ha cambiado el modelo que regía a estos y redundado en el retraso. Sin embargo, no deja de sorprender la manera esa doble velocidad a la que hacen referencia especialistas de la judicatura.
La anterior jueza que llevó el caso hasta su jubilación, Inmaculada Iglesias, dictó un auto el pasado mes de junio una orden con la que mandaba a la UCO a actuar como policía judicial del caso para responder así a la complejidad de éste.
El actual juez se incorpora en octubre y a finales de ese mes alcanzó la primera parte de la información por corrupción en los negocios y administración desleal del empresario. Una semana más tarde, el juzgado había completado la remisión de documentos de la Guardia Civil.
La oposición también lamenta la velocidad de la investigación, tanto PSOE como Más Madrid, que han enviado varios escritos de impulso al magistrado. La portavoz del partido de la izquierda alternativa en la Asamblea, Manuela Bergerot, señaló que esto -en referencia a la investigación- tiene que “resolverse ya”. “Lo que estamos exigiendo es seguir la pista del dinero para llegar hasta el fondo y para que quede claro que en España la justicia no trabaja a dos velocidades”.
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