El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pedirá al Tribunal Supremo (TS) que anule la condena que pesa sobre él por la posible filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que la defensa de éste reconocía haber defraudado a la Hacienda Pública.
Se trata de una decisión que hace antes de otra que, previsiblemente, iba a llevar a cabo: elevar lo mismo al Tribunal Constitucional (TC). Por el momento, además del incidente de nulidad, la Abogacía del Estado va a registrar otro escrito en el que reclamará la suspensión de la ejecución de la sentencia, según informa este lunes elDiario.es. La fecha límite para ello es el próximo martes, 13 de enero.
El objetivo de la presente medida es retrasar la aplicación del fallo del Supremo hasta que se resuelva el incidente de nulidad, dado que la sentencia del Alto Tribunal es firme y no se puede impugnar, pero el actual es un paso clave para poder interponer después un recurso de amparo ante el Constitucional.
Ya en diciembre, la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que anulara la sentencia precisamente al considerar que había “vulnerado” varios derechos fundamentales, además de, siempre en palabras del organismo jurídico, haber ignorado pruebas.
García Ortiz fue condenado por la filtración de un correo electrónico en el que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid confesaba haber cometido dos delitos fiscales. El desde entonces ex fiscal fue sentenciado a dos años de inhabilitación para su cargo, así como a una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 al compañero sentimental de la administradora de Sol.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo notificaba principios del mes de diciembre la condena contra García Ortiz por revelación de datos reservados en un texto que, además de tardar en llegar, alimentaba aún más la polémica sobre la decisión al emitir que García Ortiz o “una persona de su entorno” había filtrado el mensaje y se basaba principalmente en una nota de prensa.
Para tratar de aminorar la controversia, el TS aseguró que no ponía en duda la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de los testimonios, pero indicaba que el hecho de que un dato reservado sea conocido “no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general”. Asimismo, hay que destacar que hubo dos magistradas que votaron de forma particular a favor de la absolución de García Ortiz.
Dudas sobre la independencia judicial
En todo este maremágnum, la Abogacía del Estado contempla que la decisión de la que más se habló en 2025 vulnera derechos fundamentales del antiguo responsable primero del Ministerio Público como son el derecho a la presunción de inocencia, a la legalidad penal y a la tutela judicial efectiva.
Asimismo, se señala una posible pérdida de imparcialidad de parte del tribunal que juzgó al ex fiscal atendiendo a que tres de los magistrados se encontraban impartiendo un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que empezó un día más tarde de terminar la vista oral. Uno de los jueces era Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal, y los otros dos Juan Ramón Berdugo y Antonio Moral. Con todo, el hecho de incluir o no este escribo no se tomará hasta el último momento.
A más a más, Del Moral fue durante años el director de la tesis del abogado que representa al novio de Ayuso. Aquellas sesiones se celebraron los días 17,18 y 19 de noviembre, justo cuando estaban deliberando para el fallo. Más en detalle, Arrieta impartió dos horas de clase y se tradujo en una remuneración de 180 euros; mientras que Del Moral y Berdugo cuatro horas cada uno por valor de 360 euros. El primero de todos, obtuvo 270 euros por coordinar el curso, lo que aumenta su remuneración hasta los 630 euros.