“Ni olvido ni perdón: Reparación” y “Hay que juzgar al franquismo criminal”. En la esquina de la calle Prim con Recoletos, al lado de la Audiencia Nacional, víctimas de la dictadura coreaban estos lemas aguardando la llegada del expolicía Juan Antonio González Pacheco, (Billy el Niño) y del guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. Sobre ellos pesa una orden de extradición de la justicia argentina ante la acusación de practicar torturas durante los años de gobierno de Francisco Franco, orden que esta mañana debía comunicarles el juez Ruz.
Orden de extradición contra dos de los torturadores de Franco
Una pancarta con las fotos de desaparecidos, de ejecutados y torturados presidía la concentración en la que asociaciones de memoria histórica, víctimas de torturas, grupos de denuncia de bebés robados y en suma todos quienes reivindican justicia protagonizaron ayer en los aledaños de la Audiencia Nacional donde en el juzgado número 5 el juez Ruz esperaba a los dos denunciados. El Gobierno español acordó en el pasado Consejo de Ministros dar curso al procedimiento de extradición contra el expolicía y el exguardia civil.
Les comunicará la orden de extradición
El juez del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, les comunicará dicha orden de extradición y les preguntará sobre si desean o no ser extraditados. También decidirá si deben permanecer detenidos o si toma alguna medida cautelar como la retirada del pasaporte. Irán acompañados de su abogado o tendrán uno de oficio.
Pendientes de la Sala de lo Penal
Según explicó a ELPLURAL.COM el abogado de los querellantes Carlos Slepoy, tras este trámite, el juez dará traslado a la sala de lo Penal de la Audiencia que pondrá en marcha el procedimiento de extradición. El estado argentino puede formar parte del proceso a efectos de defender la extradición y esta era uno de los temas que iban a plantear los querellantes que se encuentran en Buenos Aires.
¿Habrá extradición?
La Audiencia puede decidir si los juzga en España en ejercicio de la soberanía española, y en virtud de los crímenes cometidos. Puede considerar que los delitos denunciados no se pueden investigar aquí y procede la extradición. O también llegar a la conclusión de que esos crímenes no se persiguen en España y por tanto no ha lugar la extradición. Si la Audiencia Nacional da vía libre a la extradición, el Gobierno tendría la última palabra.
Continúan las declaraciones en Buenos Aires
Mientras tanto, en Argentina, continuaban las declaraciones de los querellantes que han llevado adelante la causa contra los crímenes del franquismo admitida e instruida por la jueza María Servini de Cubría. Ante ella se presentaron en primer lugar las denuncias contra tres exministros del franquismo, Rodolfo Martín Villa, Fernando Suarez y José Utrera Molina.
Garrote vil a finales del siglo XX, avalado por el suegro de Gallardón
Merçona Puig Antich reclama justicia por su hermano Salvador, condenado en el último cuarto del siglo XX a ser ejecutado por garrote vil. Denuncia a José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. En enero de 1974 Utrera fue nombrado ministro secretario general del Movimiento en el primer Gobierno de Carlos Arias Navarro y figura su firma o “enterado” en el escrito del Consejo de Ministros que sancionó la sentencia.
Contra Martín Villa
Andoni Txasko es un superviviente de los sucesos de Vitoria. Señala a Rodolfo Martín Villa en su etapa como ministro de Relaciones Sindicales como presunto corresponsable de la muerte de cinco trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga que tuvo lugar el 3 de marzo de 1976. Los trabajadores se reunieronen la iglesia de San Francisco de Asís; la policía asaltó el templo y disparó contra los más de 5.000 hombres mujeres y niños. Cinco personas murieron. Otras 150 resultaron heridas.
Fernando Suárez y los últimos ejecutados
El tercer querellante, Pablo Mayoral se encontraba en el grupo de los últimos cinco ejecutados por la dictadura. Él también fue condenado a muerte aunque finalmente le conmutaron la pena a cadena perpetua. Salió de prisión con la Ley de Amnistía. Apunta al exministro Fernando Suarez como cofirmante en el Consejo de Ministros.
Una abuelita en Argentina
Ayer declaró Ascensión Mendieta, de 88 años. “Ahora sé que he hecho todo lo que he podido por recuperar los restos de mi padre. Ascensión tenía 13 años cuando se lo llevaron y le ejecutaron. Desde entonces ella y su hermana, recientemente fallecida han luchado con denuedo para conseguirlo.
Por 1.600 víctimas en Mallorca
Tonia Olivers, Presidenta de la Associació Memória de Mallorca declaraba por su abuelo Andreu París Martorell y el hermano de éste, quienes desaparecieron tras seis meses en la cárcel. Interpuso también una querella por 1.600 víctimas de desaparición y asesinato en Mallorca durante el periodo de la guerra civil. En la isla no llegó a producirse conflicto ya que los golpistas tomaron el poder desde el primer momento.
Un ejecutado y un esclavo
También se personó José Luis Galán por su tío Tiburcio Galán, asesinado el 29 de abril de 1940 en la tapia del Cementerio del Este de Madrid. Habló a la jueza además de su padre, Víctor Galán, soldado de la República esclavizado a la fuerza en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 40 en la localidad de Lugo de Llanera en Asturias. Fue obligado a trabajar en condiciones de esclavitud construyendo lo que es aún el Aeródromo de LA MORGAL.
El cura Izagirre
Hoy en el en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de la República declara Felipe Izagirre Esnal, cura franciscano que presenta su caso y el de 17 sacerdotes más. Fue detenido en San Sebastián acusado de difundir propaganda contra los malos tratos policiales.
Asesinatos y robo de bebés
También comparece Paqui Maqueda. Los bienes de la familia fueron incautados; dos de sus tíos fueron detenidos y asesinados por el franquismo. Otro de sus tíos al finalizar la guerra sufrió confinamiento en un campo de concentración en Jaén. Denuncia además el robo de su hermano al nacer.
Exilio y buque Udondo
A mediodía declarará Elsa Osaba que se persona en la querella por el exilio y la deportación que sufrió su familia y por la violencia que supuso la retirada para la población civil entre los que estaban los suyos. La última declaración será la de María Josefa Zorroza, por su tío Teófilo Zorroza Gezuraga, uno de los tripulantes del mercante Udondo, que fue apresado en el mar por las tropas sublevadas de Franco el septiembre de 1936. Sus 40 tripulantes y los dos pasajeros fueron fusilados contra la tapia del cementerio de Serantes, cerca de El Ferrol, sin juicio alguno.