El juez de la trama Púnica, Manuel García Castellón, ha aceptado la solicitud del Ministerio Fiscal y ha prorrogado un año más la instrucción relativa a la financiación irregular del PP madrileño.
La Fiscalía Anticorrupción remitió un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, solicitando una nueva prórroga para la instrucción. La fecha límite era el 5 de diciembre, pero las fiscales del caso, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, pidieron al magistrado “un plazo máximo para la finalización de toda la instrucción de la causa que no baje de los cinco años”, según el documento al que ha tenido acceso ElPlural.com. Dado que el juez ha aceptado y que las pesquisas comenzaron en 2014, la instrucción finalizaría en 2019.
Anticorrupción relata varias complicaciones que han dificultado la investigación y advierten que aún quedan importantes flecos y, de cerrarse en diciembre, se podría cerrar en falso.
Alegan la “carga severísima” que está suponiendo el expurgo de todo el material que obra en el sumario. Concretamente, aquejan que las acusaciones no pueden acceder íntegramente a la plataforma digital donde se encuentran todos los documentos puesto que aún no está plenamente operativa.
Uno de los principales óbices tiene que ver con la cooperación internacional, tanto de países europeos como de otros estados. A las “dificultades en el propio entramado que construyeron los investigados para ocultar las ganancias ilícitas”, habría que sumarle que hay países que no están cooperando. Es el caso de Singapur, donde “es necesario poder desmontar el TRUST que tapaba la participación del investigado David Marjaliza, para poder reclamar las obras embargadas a Suiza”. En este sentido, “deben ser remitidas peticiones complementarias y nuevas rogatorias”.
La Fiscalía también está pendiente aún de informes periciales sobre el patrimonio y sus consecuentes perjuicios en el apartado de urbanismo de Valdemoro, epicentro de la trama y donde el constructor Marjaliza confesó que él y Francisco Granados pusieron en marcha las primeras recalificaciones de terrenos.
“Existen piezas en las que la propia complejidad del entramado y la utilización de testaferros dificulta el esclarecimiento de los hechos y la determinación de todos los partícipes en los mismos”, reza el documento, que se refiere concretamente al caso de Arpegio y Alfedel.
Asimismo, informan de que la Dirección de Tecnologías de la Guardia Civil aún no ha podido resolver todos los flecos sobre la reputación en Internet dada la complejidad del asunto, pero lo que sería necesario solicitar una nueva pericia.
Por último, argumentan que quedan pendiente un gran número de declaraciones tanto de testigos como investigados.
Esta solicitud del Ministerio Fiscal contrasta con la petición de los fiscales del caso de la caja B del Partido Popular. Fue el propio juez José de la Mata el que decidió prolongar la investigación hasta agosto del año 2020. Entonces, tanto la defensa del PP como la Fiscalía se opusieron frontalmente, una postura que ya ha recibido respuesta -y rapapolvo- del juez, quien ha acusado a PP y a los fiscales de intentar torpedear la investigación.
