El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha desestimado la solicitud de la defensa del excomisario José Manuel Villarejo y ha decretado, auto mediante, mantener la prisión preventiva. De Egea alega que existe un elevado “riesgo de fuga” y que desea mantener la normalidad de la instrucción del caso y su salida podría perjudicar las líneas de la investigación que aún se encuentran abiertas.
El magistrado también destaca, aunque no como razón para acordar que siga en la cárcel, la “absoluta falta de colaboración del investigado con la instrucción del procedimiento, ante los requerimientos realizados por el juzgado en orden a determinar el riesgo implícito meramente anunciado por el investigado, sobre los archivos de información que dice ser clasificada relativa a la defensa o seguridad nacional, omitiendo los archivos que deberían de ser excluidos del procedimiento así como las razones de ello”.
La vía judicial, la única vía
Viene siendo habitual que el Congreso de los Diputados articule comisiones de investigación paralelas a la instrucción judicial, tal y como ocurre con la caja B del Partido Popular. En el caso de la Operación Tándem no ocurrirá.
El Parlamento no investigará las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las que acusa al rey emérito de utilizarla como testaferro con el objetivo de ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos votaron en contra de constituir una Comisión de investigación relativa a la corrupción de la monarquía, tal y como solicitaron Unidos Podemos, ERC y Compromís.
Los socialistas argumentan que están satisfechos tras escuchar las explicaciones del director del CNI, Félix Sanz Roldán en la comisión de gastos reservados, sesión que se celebró a puerta cerrada. Por su parte, los de Pablo Iglesias consideraron que fueron suficientes y que dejó más sombras que luces. Los naranjas, en misma tónica que el PSOE, precisaron que “con la información que tenemos” no era necesaria una investigación.
Los presuntos negocios de su majestad
Corinna relató que el rey emérito estaría utilizándola como testaferro con el objetivo de ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Según unas grabaciones desveladas por El Español, y Okdiario, la alemana se lo confesó al polémico comisario José Manuel Villarejo en una reunión que mantuvieron en Londres en el año 2015 y que fue facilitada por el empresario Juan Villalonga, que también estuvo presente en la cita. Corinna asegura que Juan Carlos I habría desviado parte de su patrimonio, poniéndolo a su nombre a sus espaldas: “No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque reside en Mónaco”.
En las grabaciones, la examiga del rey emérito también cuenta que Juan Carlos I recibió una comisión de los 100 millones de euros del proyecto del tren de alta velocidad a La Meca; y aseguró que tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón.