El mes de septiembre se presenta intenso para el magistrado Juan Carlos Peinado. La causa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, de la que está encargado, ha entrado en una nueva etapa con la citación, en calidad de investigada, de la mujer del presidente del Gobierno y de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la contratación de la asesora para la ejecución de tareas privadas, a pesar de que el propio Peinado expresó antes del verano que no era posible que Gómez hubiera cometido este delito. A este frente, a su vez, se suma el acto de conciliación que tiene con Fernando Jabonero, un activista que ha denunciado públicamente que el juez tiene un chalet en situación irregular y que ha sido demandado por el propio juez por injurias y calumnias.
La citación a Gómez y Álvarez se dará el 11 y 10 de septiembre respectivamente. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid llega después de que el pasado 12 de junio la Audiencia Provincial elevara un auto en el que instaba investigar un presunto delito de malversación de fondos públicos referente a las actividades de Álvarez en La Moncloa. En dicho auto, la Sección 23 de la Audiencia planteaba "qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar" -a Álvarez-. Asimismo, sostenía: "La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
“Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas, que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplo la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez Rodríguez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los Correos”, reza el auto.
Peinado dijo, en el mes de mayo, que Begoña Gómez y Cristina Álvarez no podían cometer delito de malversación. No obstante, parece que su opinión ha cambiado con el paso de estos meses y ha procedido a su citación. Cabe recordar, a su vez, que el CGPJ se encuentra investigando a este magistrado por dejación de deberes en otro caso en el que un alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (Madrid) quedó exento.
El acto de conciliación con Jabonero
El otro frente que Peinado tiene en el mes de septiembre es con Fernando Jabonero, quien se autodefine como activista contra la corrupción. Se niega a dar su brazo a torcer con el chalet en situación irregular desde hace más de 20 años del magistrado y lleva años denunciándolo, lo que le ha costado que Peinado le demande por injurias y calumnias y le exija una indemnización. El proceso arrancará con un acto de conciliación al que Jabonero ya ha avisado que no acudirá.
El magistrado reclama al activista que se retracte por sus injurias y calumnias y le indemnice con 25.000 euros por sus palabras. Una campaña que según su demandante cumple con la misión de amedrentarle y que puede no quedarse en su persona, ya que el polémico instructor del ‘caso Begoña’ parece decidido, según el medio previamente mencionado, a emprender acciones legales contra todos aquellos que, según él, hayan sido injuriosos con su persona, incluidos medios de comunicación.
El acto de conciliación entre el activista y el magistrado está fechado para el próximo 23 de septiembre en el juzgado número de primera instancia número 63 de Madrid.