El abogado de Vox Jesús Santorio Lorenzo afronta dos demandas que le reclaman un total de 100.000 euros por difundir datos personales, fotografías y graves falsedades sobre dos usuarios de redes sociales, según exponen los escritos. Aiman B. R., usuario de Twitter @NoaGresiva, solicita una indemnización de 35.000 euros y Víctor Eladio R. C., administrador del canal de Telegram RedBird, de 65.000 euros. Ambos denuncian campañas de difamación desarrolladas desde su cuenta de Twitter @SrLiberal, que cuenta con más de 162.000 seguidores.
Las demandas, a las que ha tenido acceso ElPlural.com, han sido presentadas a comienzos de noviembre en los juzgados de Valencia y Villaviciosa (Asturias). En ellas también se solicita la retirada de las publicaciones que se declaren ilícitas y la difusión de las eventuales sentencias condenatorias en las redes del demandado.
El abogado que defiende a las dos víctimas de los ataques de Santorio es David Bravo, que ya ha ganado varias demandas contra personajes de la extrema derecha por sus bulos sobre activistas de izquierdas. Entre ellas destacan las dos condenas que logró contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda Salido, por difamar al periodista que firma esta información.
Acumula al menos cinco causas judiciales
No son las primeras causas judiciales a las que se enfrenta Santorio, que fue fichado en mayo por Vox dentro de su equipo jurídico dedicado a derecho al honor. El abogado irrumpió en agosto en la sede del digital The Objective para exigir que retiraran una fotografía suya de una noticia pese a que había sido tomada por el propio medio para la publicación de una entrevista al abogado. La noticia contaba que Iustitia Europa lo había llevado a los tribunales por un posible delito de calumnias.
En octubre, la periodista María Durán publicó que, tras su denuncia, un juzgado investiga a @SrLiberal por revelación de secretos al haber publicado y tergiversado contenido de una convesación en la que le hacía una consulta en calidad de abogado. También el mes pasado, diario.red publicó que el Juzgado de Instrucción 1 de Gijón había abierto por un posible delito de odio tras una denuncia de la Fiscalía del Principado de Asturias por mensajes homófobos y en los que incita a la violencia.
Un bulo sobre el uso de bases de datos de Interior
En el caso de Víctor Eladio R. C., la demanda advierte de que Santorio inventó que había utilizado ilícitamente bases de datos del Ministerio del Interior para obtener información de terceros y lo acusó de dirigir una «organización criminal» dedicada al acoso y de utilizar centenares de cuentas falsas.
Otra de las publicaciones atribuía a Víctor la utilización de 326 cuentas de Twitter para acosar y simular la existencia de un colectivo de usuarios. Santorio llegó a afirmar que la Guardia Civil las había descubierto durante el examen de su teléfono móvil.
Pero lo que describe el informe policial citado en la demanda no es más que un archivo con una lista de 326 perfiles, la mayoría con poca o ninguna actividad. Una relación de cuentas que, como subraya el escrito, no demuestra que fueran suyas, que las administrara ni que fueran utilizadas para hostigar a nadie.
La demanda también denuncia que Santorio atribuyó a Víctor un mensaje que celebraba el asesinato de Charlie Kirk. La propia captura difundida por el abogado mostraba una identidad de Telegram distinta de la utilizada por el demandante, que niega haber escrito ese mensaje. Pese a ello, Santorio lo señaló con su nombre y apellidos como autor.
El 5 de septiembre de 2025, Santorio había publicado acusaciones contra Víctor acompañadas de su identidad completa y de una fotografía procedente de una antigua cuenta de Facebook. Según la certificación electrónica citada en la demanda, esa publicación alcanzó aproximadamente 1,7 millones de visualizaciones en cuatro días.
Los ataques también alcanzaron a su esposa. Según denuncia el escrito, el 24 de septiembre de 2025 Santorio publicó su nombre y apellidos y le atribuyó falsamente la titularidad de una cuenta anónima de Twitter y su participación en actividades de acoso.
La demanda relata además que el abogado difundió datos personales de Víctor obtenidos de documentación policial y judicial de una causa abierta en un juzgado de Instrucción de Tarragona tras una denuncia del neonazi Alberto Pugilato.
El escrito relata que Santorio siguió utilizando su fotografía durante meses, tanto en publicaciones propias como en montajes y mensajes de terceros que republicaba. Víctor denuncia que los contenidos circularon también entre personas de su entorno personal y familiar.
«Hoy pierde el anonimato»
La demanda de Aiman B. R. sitúa el inicio de los hechos el 1 de mayo de 2025. Ese día, Santorio publicó un hilo para revelar quién estaba detrás de @NoaGresiva, una cuenta que intervenía bajo pseudónimo en debates políticos. «Hoy pierde el anonimato» y «ya no hay vuelta atrás», anunció el abogado, según recoge el escrito.
Santorio explicó cómo había cruzado fotografías, etiquetas y datos de Instagram, LinkedIn y otras redes para identificarlo. Después publicó su nombre y apellidos, imágenes y referencias a su trayectoria profesional, estudios y relaciones personales. La demanda señala que reprodujo también esos contenidos en su canal de Telegram.
Junto a esa información, el abogado lo presentó como alguien que difundía odio contra los judíos, glorificaba a Hamás y justificaba asesinatos de civiles. Llegó a atribuirle más de 500 mensajes antisemitas y a calificarlo como «difusor de propaganda terrorista de Hamás».
Aiman denuncia que esas acusaciones son falsas. El escrito explica que sus publicaciones expresaban rechazo a las actuaciones del Estado de Israel y al sionismo, y que Santorio convirtió esas posiciones en imputaciones de antisemitismo y justificación de la violencia terrorista.
Tras la difusión de su identidad, Aiman recibió insultos racistas y amenazas de terceros. Según relata la demanda, el 6 de mayo de 2025 acudió a la Policía Nacional para denunciarlos y expresar su temor por su seguridad y la de su familia. Posteriormente recibió otros mensajes que aludían a la zona donde vivía.
De los 35.000 euros que reclama Aiman, 20.000 corresponden al daño al honor, 10.000 al uso de su imagen y 5.000 al tratamiento ilícito de sus datos personales. Víctor solicita 30.000 euros por la intromisión ilegítima en su derecho al honor, 25.000 por la vulneración de su derecho a la propia imagen y 10.000 por la intromisión en su intimidad o, alternativamente, por el tratamiento ilícito de sus datos personales.
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