La asociaciones de jueces Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado conjunto en el que les piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que interpongan querellas por prevaricación contra el juez Peinado, instructor de la causa de Begoña Gómez, y la jueza Beatriz Biedma, que lleva la causa del hermano de Sánchez, o que rectifiquen sus palabras sobre ellos. Lo que olvidan estas asociaciones es el hecho de que tanto Pedro Sánchez como su mujer, Begoña Gómez, presentaron sendas querellas contra el polémico juez Peinado.
Unas querellas que fueron rechazadas por el TSJ de Madrid en un auto firmado por el mismo magistrado que llevó al fiscal general del Estado, Álvaro García, por la nota de prensa desmintiendo el bulo filtrado por el asesor de Ayuso respecto del presunto fraude de su novio. De hecho, el Supremo dijo que esa nota no era delito, y decidió investigar la filtración de los correos del abogado del novio de la presidenta madrileña.
El comunicado
En cuanto al comunicado, al que ha tenido acceso ElPlural.com, dicen estas asociaciones que Pedro Sánchez manifestó que "hay jueces haciendo política", y apeló al CGPJ para que estudie si estas causas "tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos". El presidente del Gobierno puso, según las asociaciones, "en relación esta afirmación con determinados procedimientos penales en los que se investigan actuaciones supuestamente realizadas por personas de su entorno y por el actual Fiscal General del Estado, llegando a decir: "Hay jueces que no cumplen con la ley. Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos"".
Afirman que, "más allá del derecho a la libertad de expresión y de la legitimidad que en democracia ha de tener la posibilidad de criticar el contenido de resoluciones judiciales, estas declaraciones suponen un daño gravísimo a la separación de poderes y a la confianza que los ciudadanos han de tener en sus jueces y magistrados. El Presidente del Gobierno y el Ministro de Justicia no se han limitado a mostrar su discrepancia con algunos autos y sentencias. Lo que sostienen es que en nuestro país existen jueces y magistrados que, en lugar de someterse al imperio de la ley, dictan sus resoluciones siguiendo un interés estrictamente político. Sencillamente, están afirmando que algunos miembros del poder judicial incurren en prevaricación, que es el más grave delito que un juez puede cometer en el ejercicio de su función. Es como si desde una asociación judicial se dijese alegremente que hay unos pocos ministros en el Gobierno de España, o unos pocos diputados o senadores, que son corruptos".
Por todo ello, dicen en el comunicado que instan al presidente del Gobierno y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a que, si consideran que existen miembros del Poder Judicial que dictan sus resoluciones persiguiendo una finalidad política, "identifiquen tales hechos y presenten las denuncias o querellas correspondientes, ya que esas conductas serían constitutivas de un ilícito penal y nosotros somos los primeros interesados en que se persiga a los jueces que cometan delitos. Y, caso de no hacerlo, rectifiquen y se desdigan de las manifestaciones vertidas, pues el recto ejercicio de sus cargos no es compatible con expresiones que cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas y menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia".