El inicio de la causa contra Begoña Gómez que investiga el juez Juan Carlos Peinado reside en unos recortes de prensa presentados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. Siete folios, en su mayoría ocupados por recortes de informaciones publicadas entre las que se encontraba un bulo que hablaba de una subvención a la esposa de Pedro Sánchez cuando la ayuda no llegó a ella, sino a otra persona con el mismo nombre.
Existen antecedentes en la política española de casos que han tenido el mismo inicio y han terminado por archivarse. El más llamativo es, seguramente, el que se relata en estas líneas, dado que afecta nada menos que a un expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"No puede justificar la apertura de un procedimiento penal"
Los hechos datan de enero de 2016, cuando el Alto Tribunal dejaba en nada un texto elevado por el partido Soberanía y la Asociación El Defensor del Paciente, contra el predecesor de Pedro Sánchez por financiar una asistencia de gran invalidez que necesitaba su padre a cargo de los servicios médicos de La Moncloa.
El auto, que tiene carácter público y ha recuperado ElPlural.com, rezaba que “la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar la apertura de un procedimiento penal para su investigación si la querella que los incorpora no ofrece ningún indicio”.
“Examinada la querella y la denuncia no es posible advertir en los documentos que se presentan, exclusivamente por recortes de prensa, la presencia de los elementos o requisitos dogmáticos de delito de malversación, por lo que los hechos descritos no justifican la apertura de un procedimiento penal”, indicaba el texto del Supremo, que ha leído nuevamente este periódico.
En su caso, el periódico que había dado la noticia era elDiario.es, según la cual el que fuera responsable del PP “se vale del cargo de presidente para financiar con cargo al dinero público los gastos personales de asistencia en gran validez a su padre”. Por su parte, la acusación de un presunto delito de malversación se basaba en que las líneas del diario mencionado “reviste caracteres de verosimilitud porque pese al escándalo que ha montado en las redes sociales y medios de comunicación no ha sido revestida”.
Cabe recordar que el inicio de la causa principal del juez contra la mujer del presidente del Gobierno parte de una denuncia del pseudosindicato mencionado que se fija para su imposición en recortes de prensa que hablaban sobre la relación de Gómez con Globalia, así como del rescate con préstamos públicos para su aerolínea, Air Europa.
También versa acerca de su actividad al frente de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En esta causa principal, el juez analiza los movimientos de Gómez e inicia investigación en un tiempo récord por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
En tiempo récord y sin detalles
Juan Carlos Peinado ha tramitado en cuatro meses -tiempo récord- una causa que tiene que ser juzgada ante un tribunal de jurado, según lo estimado en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado para el delito de malversación.
A su parecer, tanto la mujer del presidente como Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, podrían haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos en el marco de los servicios de asesoría para los que fue nombrada Álvarez en 2018 quien, junto a Gómez, defendían en presencia de Peinado que aquellas funciones no se corresponden con “ninguna extralimitación”, sino a un “favor” muy puntual y en ningún caso punibles.
Sin embargo, el magistrado seguía adelante y esta semana ha propuesto que las dos fueran juzgadas llegado el momento ente jurado popular, lo mismo que el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, otrora secretario general de Presidencia. Con todo, Peinado no aporta detalles sobre el papel se antojarían clave para el devenir de una investigación como ésta, como por ejemplo la cantidad presuntamente malversada.
La pieza separada encuentra su origen en Vox
La pieza separada por presunta malversación encuentra su origen en Vox y obedece a un documento que el juez no desempolvó hasta pasados más de tres meses, cuando decidió admitirla a trámite; aunque en un principio dejaba fuera a Gómez y Álvarez, apuntando solo a Francisco Martín.
La formación de Santiago Abascal considera que el delegado gubernamental ejerció como “superior jerárquico” de Álvarez, sin tener en cuenta que llegó a Moncloa tres años después de la asesora. Finalmente, en verano Peinado imputa también a las otras dos personas sin aportar los indicios ni los argumentos que motivan su último auto.