El curso judicial echa a andar de manera oficial este jueves y lo hará inmerso en los primeros pasos de la investigación sobre la entrada de inmigrantes en Ceuta y con la reactivación de los casos 'Koldo', 'Leire Díez' y 'Plus Ultra', entre otros.
Como es tradición, el Tribunal Supremo albergará ese día el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey Felipe VI y que contará con las intervenciones de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Para la fiscal general, será su primer acto de apertura desde que asumiera el cargo el pasado diciembre tras la renuncia de su predecesor, Álvaro García Ortiz, que dimitió tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Supremo como responsable de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tras el paréntesis estival, el curso judicial promete la misma o mayor intensidad que el anterior, en el que destacaron la citada condena a García Ortiz o el juicio sobre José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas', que le deparó una sentencia a 24 años de cárcel. En cuanto al reparto de tareas, se prevé que la Audiencia Nacional cope los focos en el nuevo curso con las causas que tiene activas, toda vez que el Supremo, corte más acostumbrada a resolver recursos, no cuenta con casos tan mediáticos bajo investigación ni juicios de envergadura señalados en el calendario. El alto tribunal, eso sí, tiene entre sus atribuciones dar respuesta al incidente de nulidad que Ábalos presentó contra su condena y continuar con las diversas causas abiertas al agitador ultraderechista Alvise Pérez por presuntos delitos de financiación ilegal, acoso, revelación de secretos o desórdenes públicos, así como resolver sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno o la denominada 'ley de nietos', que concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados.
Ceuta se suma a la lista de asuntos judiciales pendientes
Por su parte, su vecina Audiencia Nacional tiene entre sus manos unas diligencias abiertas sobre la crisis migratoria de Ceuta, un asunto que hizo correr ríos de tinta en los medios de comunicación la pasada semana después de que el Gobierno, más concretamente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reprochase la decisión de la jueza María Tardón de pedir reserva a los investigadores de la Policía Nacional para que no informaran a superiores del desarrollo de las pesquisas. La jueza encargó varios informes a la Policía y la Guardia Civil, además de pedir opinión a la Fiscalía, para decidir si es competencia suya investigar lo ocurrido en la ciudad autónoma a finales de julio.
De momento, la Fiscalía ha apoyado que Tardón siga adelante con la causa y la Sala de Gobierno de la AN ha respaldado la actuación de la jueza, señalando que "no ha interferido en la seguridad nacional" y que "ha actuado conforme a sus deberes constitucionales". Marlaska, por su parte, valoraba que no es incompatible cumplir los requerimientos de los órganos judiciales con informar a los responsables políticos ante una situación grave como la de Ceuta. El Gobierno, a su vez, sostiene que el desconocimiento por parte de la cadena de mando de la Policía del informe elaborado por un departamento interno de extranjería y fronteras, que atribuye a fuerzas de seguridad de Marruecos el "guiado activo" de migrantes hacia la ciudad autónoma española, podía afectar en la seguridad nacional.
Los pagos del PSOE, Koldo y Zapatero
Aparte de la crisis migratoria, la Audiencia Nacional afronta este septiembre los interrogatorios a investigados del 'caso Leire Díez' como la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, e Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García. El juez Santiago Pedraz indaga en esta causa sobre una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante, que aún no han sido llamados a declarar. En esta causa existe, además, una pieza sobre los pagos que presuntamente realizó el PSOE a Díez y otra en la que investiga el presunto amaño de contratos desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a cambio de comisiones ilegales.
Salvo cambios, el acto de apertura del curso judicial se celebrará de manera simultánea a la declaración en esta causa y como imputado del ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos, cuya sustituta, Mercedes González, ya compareció como investigada. En cuanto al caso Plus Ultra, seguirá encargado del mismo el juez Pedraz. Esta causa tiene imputados al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, su socio Julio Martínez y exdirectivos de la aerolínea. La justicia atribuye, por el momento solamente de manera indiciaria, a Zapatero el liderazgo de una presunta red de tráfico de influencias que se habría beneficiado con el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a la aerolínea en 2021, en plena pandemia.
El expresidente, que ya negó en sede judicial haber influido en ese rescate, prometió ofrecer explicaciones sobre las joyas --tasadas preliminarmente en 1,3 millones-- que la Policía incautó en su despacho, aunque de momento no lo ha hecho y el juez todavía no ha concretado fecha para las citaciones de las hijas y la secretaria. Asimismo, en la AN también están pendientes las sentencias de dos de los juicios más mediáticos de este año que quedaron vistos para sentencia antes del parón del mes de agosto: el de la 'Operación Kitchen', el nombre por el que se conoce al presunto espionaje para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, y el del supuesto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol.
La renovación del Constitucional tendrá que esperar por las elecciones
El Tribunal Constitucional comenzará el próximo 22 de septiembre a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes del 'procés' contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley de amnistía, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la medida de gracia. La corte de garantías comenzará con el recurso de amparo interpuesto por el exconsejero Jordi Turull y continuará con las impugnaciones del expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros exconsejeros.
A nivel interno, el Constitucional está a la espera de que los partidos políticos pacten la renovación de cuatro de sus doce magistrados, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, cuyos mandatos caducaron el pasado diciembre. Sin embargo, las convocatorias electorales, tanto la de generales como las autonómicas que se esperan en 2027, aventuran un escenario difícil para el desbloqueo, que tendrá que esperar.
Por último, la Audiencia Provincial de Madrid tiene que poner fecha al juicio con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la investigación llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado, a punto de jubilarse, sobre su actividad profesional con la Universidad Complutense y el trabajo desempeñado por su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez. La acusación popular, liderada por el grupo ultraderechista y ultracatólico Hazte Oír, pide 13 años de cárcel para Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, y seis para Álvarez por el primero, mientras que tanto la Fiscalía como las defensas no ven delito y reclaman la absolución de la mujer del jefe del Ejecutivo.
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