Este jueves ha comenzado el juicio contra el exministro de José María Aznar, Eduardo Zaplana. Sin embargo, el hecho de que su abogado tuviera un infarto la semana pasada, y se la haya tenido que someter a una intervención quirúrgica, ha conllevado lo que todo el mundo suponía, que se suspenda el juicio al menos hasta que se sepa si el letrado puede recuperarse o si, por el contrario, el expresidente valenciano debe buscarse una nueva defensa para que le represente en un juicio que tiene una duración prevista de más de cinco meses. Pese a todo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha decidido citar a todas las partes, acusados incluidos, en la sala prevista para los macrojuicios en Valencia, la sala Tirant.

El magistrado presidente Pedro Castellano, ante la petición de Zaplana apoyada por el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, ha suspendido el juicio hasta el día 21 de marzo. Ponce ha explicado: "Entendemos que que el señor Zaplana no tiene representación letrada y no puede dar comienzo el juicio. Solicitamos la suspensión sin cuestiones previas fijando nueva fecha", a lo que Castellano, tras preguntar al resto de defensas, ha respondido: "El tribunal acuerda la suspensión y fijamos como nueva fecha el 21 marzo".

Caso Erial

En el caso Erial se investiga el supuesto amaño en la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat Valenciana, así como el posterior pago de presuntas comisiones, entre otros, al expresidente Zaplana.

Entre los imputados en esta macrocausa contra la corrupción se encuentran, además de Eduardo Zaplana, los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau o el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.

Los ahora procesados por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia están acusados de diversos delitos: prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Según el auto de procesamiento, la conducta de los investigados, "partiendo siempre de conductas presuntas", dirigidos por Eduardo Zaplana, lo formaban un grupo cercano al mismo, "por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló,o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas".

El auto tanbién explicaba como se movió el dinero de las comisiones. Eduardo Zaplana, según la juez, contrató también los servicios de Fernando Belhot (ingeniero financiero) para que le "administrase el dinero procedente de la actividad delictiva y que oculta en el extranjero, a través de sociedades uruguayas como Misleny SA y Disfey SA a las que llegaron los fondos de Imison Internacional SL, gestionados en su momento por Beatriz Paesa (ingeniera de los Cotino), que fue sustituida por Belhot. Fondos que lo eran de las comisiones delictivas cuya procedencia y origen desconocían los nuevos gestores dado que profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios. La gestión encomendada por Zaplana a Belhot, se basaba en la confianza, no suscribiéndose ningún tipo de contrato entre las partes, ni conél ni con ningún otro cliente, dándose las órdenes de forma verbal para ocultar así al cliente, y manteniendo no sólo reuniones físicas cuando se trasladaba Belhot a España, sino también telefónicas entre ambos, abriéndose cuentas en Suiza por parte de este administrador, pero siendo el dinero de Zaplana". 

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