Correa y Crespo se declaran culpables de fraude fiscal en el cierre judicial de la trama Gürtel

Más de dos décadas después de que estallara la Gürtel, sus principales responsables —Francisco Correa y Pablo Crespo— han aceptado ante el tribunal haber defraudado a Hacienda y blanqueado dinero procedente de adjudicaciones irregulares. La escena, celebrada este lunes en la Audiencia Nacional, marca el último juicio de una red que se convirtió en símbolo de la corrupción política en España y que sacudió los cimientos del Partido Popular. Con esta causa se pone fin a un recorrido judicial que ha dejado decenas de condenas, millones defraudados y una huella indeleble en la memoria política reciente.

Correa y Crespo, considerados los cabecillas de la red, han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, al igual que veinte de los veinticinco acusados en esta pieza. Todos ellos reconocen los hechos a cambio de penas reducidas, tras años de investigaciones, condenas previas y procesos judiciales que han desmantelado el entramado corrupto pieza por pieza.

Una red para enriquecerse con dinero público

Según el escrito de acusación, Francisco Correa dirigió entre 1998 y 2009 un entramado de empresas y sociedades interpuestas diseñado para enriquecerse ilícitamente a costa de fondos públicos. Su estructura se nutría de comisiones por contratos amañados, sobornos a cargos públicos y operaciones opacas destinadas a esconder las ganancias.

“Fundamentalmente”, detalla la Fiscalía, el grupo se dedicaba a conseguir contratos públicos —para sus propias empresas o para terceros— “a cambio de la correspondiente comisión”, y a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad mediante facturas falsas y sociedades pantalla.

Bajo la dirección de Correa y la coordinación de su mano derecha, Pablo Crespo, la trama extendió su influencia a distintas administraciones, aprovechando su cercanía a dirigentes del PP en varios territorios. Al mismo tiempo, desplegaron un sistema paralelo de evasión fiscal que les permitió reducir bases imponibles, mantener cajas B y encubrir el destino del dinero desviado.

La fiscal explicó durante la primera sesión del juicio que veinte acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad, lo que permitirá una tramitación más breve y evitará un proceso probatorio largo. Los cinco restantes mantienen su defensa sin pacto previo.

Antes de este acuerdo, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 77 años de prisión para cada uno de los dos principales acusados. Ambos, sin embargo, ya se encuentran en tercer grado penitenciario, después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.

El juez instructor José de la Mata decidió en 2020 ampliar la investigación a asesores fiscales, empresarios y presuntos testaferros que habrían colaborado en la ocultación de fondos y en la evasión tributaria. Entre ellos figuran los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco, además de Isabel Jordán, exadministradora del Grupo Correa, y los empleados Javier Nombela, Alicia Mínguez y Pablo Collado. También se sientan en el banquillo Inmaculada Mostaza, vinculada a una de las sociedades, y los empresarios Jesús Calvo, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez.

Las responsabilidades pecuniarias derivadas de esta pieza superan los 199 millones de euros, según las cifras aportadas por el magistrado. Esta cantidad corresponde a la suma de las reclamaciones fiscales por fraudes al IRPF, al Impuesto sobre el Patrimonio y al Impuesto de Sociedades.

Más de 30 millones ocultos y una red de facturas falsas

La instrucción judicial sostiene que Correa amasó decenas de millones de euros en comisiones irregulares gracias a su intermediación en adjudicaciones públicas amañadas. Estas ganancias fueron ocultadas mediante una red de empresas ficticias y estructuras financieras internacionales, con el objetivo de evadir impuestos.

El juez cifró en 24,8 millones de euros el fraude cometido solo entre 2000 y 2007. Durante ese periodo, Correa no presentó ninguna declaración tributaria, pese a los ingresos millonarios que seguía percibiendo. Crespo, por su parte, habría replicado el mismo esquema a través de su sociedad Cresva S.L., desviando ingresos, encubriendo gastos y recibiendo pagos en efectivo.

En la resolución judicial, el magistrado subraya el papel “absolutamente relevante” de los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco, a quienes considera cooperadores necesarios de los cabecillas. Ambos, expertos en planificación fiscal y creación de sociedades pantalla, habrían diseñado la arquitectura necesaria para burlar a Hacienda y mover el dinero ilícito fuera del circuito legal.

El juez señala que lo determinante no es solo su colaboración, sino el hecho de que las estructuras que idearon estaban concebidas desde su origen con la única finalidad de defraudar impuestos. “Sabían perfectamente —señala el auto— que los entramados puestos al servicio de Correa y Crespo solo podían tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública”.

Falsedad documental y blanqueo de capitales

La pieza también incluye delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
En cuanto al primero, el juez afirma que se emitieron facturas por servicios que nunca existieron, empleadas para justificar cobros y deducciones fraudulentas.

Respecto al blanqueo, la resolución describe una estrategia jerarquizada y planificada por Correa y Crespo para dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos. Según el instructor, toda la maquinaria del grupo se organizó en torno a un único propósito: el “enriquecimiento personal de su líder”, quien dirigía las operaciones con disciplina interna y criterios empresariales propios de una organización criminal.

El PSOE carga contra el PP y vincula la Gürtel con su presente político

Fuentes del PSOE han recordado que la Gürtel “no fue un caso aislado, sino un sistema de corrupción estructural que definió al Partido Popular durante dos décadas”. Los socialistas consideran que el juicio abierto en la Audiencia Nacional demuestra que “el PP sigue sin asumir responsabilidades políticas ni morales” y denuncian que “Feijóo intenta esconderse tras la palabra pasado cuando el pasado sigue sentado en el banquillo”.

“El PP es Gürtel y Gürtel es el PP”, insisten las mismas fuentes, que subrayan que la trama “sirvió para financiar ilegalmente campañas, actos y hasta la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova con dinero negro”. Para el PSOE, “Feijóo no representa ninguna regeneración: su silencio y su falta de autocrítica demuestran que el PP no ha aprendido nada; lo único que ha cambiado es el envoltorio”.