La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha condenado a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, por un delito de prevaricación administrativa por la repatriación de 55 menores a Marruecos en 2021.
El tribunal ha condenado a ambas a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos, aunque sean electivos, tanto de ámbito estatal como autonómico o local, así como para el ejercicio de sus funciones de gobierno en estos mismos ámbitos.
La Audiencia considera probado que, entre los días 17 y 18 de mayo de 2021, se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de unos 15.000 inmigrantes, de los cuales unos 1.200 dijeron ser menores de edad y fueron filiados como tales, de forma que, tras adoptar numerosas medidas asistenciales, la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, "después de mantener contactos con distintos departamentos ministeriales del Gobierno de España (...), decidió emprender diversas actuaciones a fin de agilizar la repatriación al Reino de Marruecos de aquellos menores, contactando con la delegada del Gobierno, a la que envió una misiva el día 24 de mayo de 2021 donde ya se refería a la posibilidad de utilizar para el retorno de los menores no acompañados marroquíes el acuerdo de 6 de marzo de 2007 entre el reino de España y el de Marruecos".
Los magistrados han considerado que ambas autoridades incumplieron la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas durante la operación de retorno que entregó a un total de 55 menores a Marruecos sin realizar ninguno de los trámites administrativos recogidos en la normativa en vigor.
Tras una instrucción de cuatro años, la exdelegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta local, Mabel Deu, fueron las únicas acusadas durante el juicio celebrado durante el pasado mes de julio. En este sentido, la Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de doce años de inhabilitación para las dos acusadas, mientras la acusación particular -ejercida por la Red Española de Inmigración y la asociación L’Escola- pedía una pena de 15 años.
Los hechos
Entre el 13 y el 16 de agosto de 2021 se ejecutaron las devoluciones de 55 menores marroquíes que habían entrado en Ceuta, organizadas en grupos de 15 al día. El procedimiento se llevó a cabo sin abrir expedientes individuales, sin garantizar el derecho de audiencia, sin asistencia letrada y sin la intervención del Ministerio Fiscal. La Administración justificó las repatriaciones en el acuerdo bilateral de 2007 entre España y Marruecos, aunque la justicia ha concluido que se actuó al margen de la normativa española e internacional.
En la vista oral celebrada en junio, tanto Deu como Mateos defendieron que actuaron siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior, que ordenó la aplicación del acuerdo de 2007. Esa circunstancia llevó a la presidenta del tribunal, Rosa de Castro, a ordenar un careo entre Deu y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien firmó la orden. Sin embargo, durante su declaración Pérez mostró lagunas de memoria sobre lo ocurrido y el documento en cuestión carecía de firma y sello oficial.
La Fiscalía de Ceuta recalcó en el juicio que las administraciones implicadas no solicitaron en ningún momento su participación. El Ministerio Público tuvo conocimiento de las repatriaciones apenas un día antes de que se iniciaran, el 13 de agosto de 2021.