El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita la apertura de juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La acusación va más allá de lo simbólico: el ICAM reclama para García Ortiz cuatro años de cárcel, inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, una multa de 81.000 euros y la suspensión como fiscal durante tres años.
En el mismo escrito, fechado este lunes, también se dirige contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien señala como “cooperadora necesaria” en la supuesta filtración de secretos. Para ella pide tres años de prisión, suspensión de empleo durante dos años y una multa de 27.000 euros.
Una acusación directa por dañar el derecho de defensa
El Colegio de la Abogacía sostiene que tanto García Ortiz como Rodríguez habrían violado la obligación de confidencialidad al difundir, mediante una nota informativa, detalles sensibles de un procedimiento penal que afecta directamente a González Amador. Entre ellos, destacan el cruce de comunicaciones entre la defensa y el fiscal encargado del caso, así como la divulgación del correo electrónico en el que su abogado proponía un acuerdo de conformidad que implicaba el reconocimiento de dos delitos fiscales.
El ICAM señala que ambos fiscales, “amparándose como norma de cobertura en el deber de informar a la opinión pública sobre acontecimientos relevantes, y con el argumento sofista de que estaban saliendo al paso de un bulo”, eran plenamente conscientes de que estaban vulnerando el secreto profesional y los derechos del justiciable.
“La filtración del correo y la emisión de la nota informativa, amén de perjuicios reputacionales de índole social y económica, han supuesto una merma del derecho al proceso con todas las garantías de Alberto González Amador”, subraya el escrito. Además, el ICAM reprocha que la actuación de García Ortiz y Rodríguez “minó la credibilidad” de la Fiscalía y dañó los principios de objetividad, imparcialidad y confianza que deben regir el vínculo entre los profesionales de la abogacía y el Ministerio Público.
Uno de los pasajes más graves del escrito de acusación tiene que ver con la supuesta eliminación de pruebas por parte del fiscal general. El ICAM asegura que García Ortiz, “consciente del riesgo probatorio que corría en su contra, y con el fin de entorpecer la indagación judicial que preveía inminentemente, procedió a eliminar de la aplicación de WhatsApp todos sus mensajes”.
El documento añade que días después cambió de teléfono móvil y borró todos los correos electrónicos de su cuenta personal con dominio gmail.com, mensajes que no han podido ser recuperados. Este punto refuerza, a ojos del ICAM, la sospecha de que el fiscal general pudo haber actuado con premeditación y con el objetivo de entorpecer la labor de la justicia.
El trasfondo político y jurídico
El ICAM acusa directamente a los fiscales de haber actuado “con pleno desprecio a los principios de legalidad e imparcialidad” al “trascender a la opinión pública elementos confidenciales sobre responsabilidad penal y autoría” de los que solo tenían conocimiento por razón de sus cargos.
Para el Colegio, estas filtraciones no solo vulneran derechos individuales, sino que “influyen sustancialmente en el desarrollo del proceso con todas las garantías”. La revelación de información afecta directamente, concluyen, “al instituto de la conformidad y, por tanto, al derecho de defensa como derecho fundamental; siendo el daño irrogado cierto, real y efectivo”.
El escrito del ICAM ya ha sido presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ahora decidir si admite a trámite la causa y si abre juicio contra el fiscal general y la jefa de la Fiscalía madrileña. En caso de prosperar, se trataría de un hecho inédito en la historia reciente del Ministerio Público, con profundas implicaciones políticas e institucionales.
El foco judicial se desplaza así hacia el Alto Tribunal, que tiene en sus manos valorar si existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a los máximos responsables de la acusación pública en España. La denuncia del ICAM pone a prueba la tensión entre el deber de transparencia institucional y la protección del derecho al secreto profesional, un equilibrio clave en cualquier Estado de derecho.