Ciudadanos ha presentado una demanda contra miembros del Partido Popular, formación con la que comparten Gobierno en la Comunidad de Madrid. Concretamente, el grupo municipal naranja en Boadilla del Monte ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional al exconcejal de Festejos y actual alcalde del municipio madrileño, Javier Úbeda Liébana; salpicando de facto al actual número tres de Pablo Casado, Antonio González Terol.
La formación de Albert Rivera ha registrado la denuncia en el marco de las actividades irregulares desarrolladas en el seno de la trama Púnica. El Grupo Municipal de Ciudadanos en Boadilla del Monte acusa a Úbeda de adjudicar “contratos irregulares a empresas afinas y proveedoras de actos del Partido Popular de Madrid”, haciendo referencia concretamente a la empresa Waiter Music S. L., una vieja conocida de la Púnica.
Esta compañía es una de las empresas situadas en el epicentro de la trama de corrupción madrileña por supuestamente haber recibido contratos públicos amañados a cambio de inflar facturas para financiar irregularmente al PP.
En este sentido, los concejales de Ciudadanos denuncian que”los expedientes acreditan que Waiter Music fue elegida arbitrariamente como contratista directo para las dos actuaciones musicales sin tener capacidad ni ser el representante legal de los artistas contratados”. Esto provocaría el un “enriquecimiento con grave perjuicio para los fondos del Ayuntamiento de Boadilla”, reza la denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com
Ponen el foco sobre Úbeda Liébana porque en el momento de adjudicación de los dos contratos en cuestión, año 2012 y agosto de 2014, era el concejal de Festejos y, por tanto, “concertó, negoció, tramitó, impulsó y celebró pagó los contratos con la mercantil Waiter Music”.
Previa denuncia, Ciudadanos solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el caso y pidió los expedientes de la empresa. Ambas iniciativas fueron rechazadas de plano por el alcalde. “La única razón lógica que podemos manifestar para negarse a lo solicitado es que el entonces concejal de Festejos” está involucrado en la maniobra de dudosa legalidad.
En declaraciones a este periódico, el Ayuntamiento ha asegurado que "tenemos la certeza más absoluta de que todos los contratos realizados en el Ayuntamiento de Boadilla desde junio de 2011, fecha en la que comenzó nuestra gestión, hasta la actualidad, cumplen estrictamente la legalidad. Por ello jamás ningún juez o tribunal nos los ha pedido para investigarlos. Ciudadanos no sospecha realmente de nosotros, sino de sus resultados en las próximas elecciones".
Terol, salpicado una vez más por la caja B
La demanda se ha registrado contra Úbeda, pero salpica de facto al actual vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol. Los contratos se adjudicaron en 2012 y 2014, durante su mandato al frente del Ayuntamiento de Boadilla.
Esta es la segunda vez en pocas semanas que Terol se ve salpicado por la caja B. Conviene recordar que el pasado agosto este periódico desveló que la Guardia Civil daba por probada la celebración de una reunión en la Asamblea de Madrid el 7 de junio de 2012 en la que Ignacio González pedía un millón de euros; y Terol habría asistido.
En un informe policial fechado a 29 de mayo de 2019 al que ha tenido acceso ElPlural.com, la Guardia Civil da por probado la celebración de dicha cita el 7 de junio de 2012; y se investiga si González Terol fue uno de los asistentes.
El exsubdirector General de Operaciones de ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), Silvano Corujo, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la celebración de una presunta reunión mantenida en la Asamblea de la Comunidad de Madrid entre el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y José Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM en aquella época. A la cita también acudieron Borja Sarasola (exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero del Gobierno de González), González Terol y personal del Canal de Isabel II, según la versión del denunciante.
“El objeto de dicha reunión, según manifiesta el denunciante, sería la petición de un millón de euros por parte de Ignacio González a José Martínez Nicolás para ‘sanear las cuentas del Partido’ tras los comicios del año 2011”, reza el citado informe de la Guardia Civil.
Antonio González Terol negó a este periódico su presencia en ninguna reunión en la que “se haya solicitado financiación irregular para ningún partido, incluido el suyo”. “Si así hubiera sido, lo habría denunciado ante las autoridades competentes, como hice durante mi etapa como alcalde de Boadilla, en la que personé al Ayuntamiento como acusación particular”, argumentó.
Además, “el señor Corujo no afirma que estuviera presente en dicha reunión, lo único que señala es su duda de si yo estaba o no en la misma”. Por último, indicó que “su presencia en dicha reunión hubiera sido absurda ya que no ostentaba en dicha fecha cargo ejecutivo alguno en la Comunidad de Madrid, ya que era diputado a dedicación parcial tan solo, y en el partido tan solo era el presidente del Comité de Afiliaciones”.