Los principales acusados en el ‘caso mascarillas’ desfilarán y prestarán declaración este miércoles ante el Tribunal Supremo. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama, se enfrentarán a las preguntas del tribunal por las presuntas irregularidades cometidas en la compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.
Las previsiones de la jornada judicial apuntan a que será Aldama en primero en declarar, seguido de Koldo y, en último lugar, Ábalos. Después de que los letrados del extitular de Transportes solicitasen que su declaración cerrase la sesión del miércoles, finalmente así se decidió, también después de que la letrada que defiende a Koldo apuntara que su prioridad era “prestar declaración con posterioridad” a Aldama.
Debido a la complejidad del caso y todas las aristas que confluyen en él, el probable que los interrogatorios de los tres principales acusados se extiendan a más de un día para que sean finalmente concluidos. En tal caso, el juicio se retomaría a la semana siguiente, el lunes 4 de mayo en el Alto Tribunal.
Presunto ánimo de enriquecimiento y años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción considera que los acusados “convinieron” aprovecharse del cargo institucional en el Ministerio, en el que Ábalos fue nombrado titular de Fomento en 2018 y, posteriormente, denominado de Transportes. Sobre este respecto, el fiscal Alejandro Luzón percibe que se aliaron para “favorecer a cambio del correspondiente beneficio económico” la contratación con el Estado “en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería” Aldama. Todo ello, a su juicio, con “ánimo de enriquecimiento”.
En su escrito de acusación, Anticorrupción remarca que Ábalos, Koldo y Aldama “acordaron la futura comisión de delitos conforme a las oportunidades de cometerlos se fueran presentando”, además de que se vieron apoyados “de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios” del Ministerio como por otros terceros de su entorno.
Esta presunta organización había nacido, según el fiscal, “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”, debido a que operaron “durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse” tras la salida de Ábalos y Koldo de Transportes en 2021.
Para el fiscal de Anticorrupción, la mencionada “cohesión” entre los tres implicados en la trama no se manifestó únicamente en “la comisión de diferentes delitos”, sino también en “la facilitación” a Aldama” de una “interlocución privilegiada” en sus relaciones con el Ministerio y “otros departamentos” estatales y públicos.
Sobre este telón de fondo, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros. En consecuencia, para Aldama solicita siete años de cárcel y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que se le aplica la atenuante de confesión.
En lo que concierne a las peticiones de las acusaciones populares, encabezada por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, exigen 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que mantienen la misma pena para el presunto conseguidor de la trama.
Los papeles de los acusados: del ‘jefe’ al ‘alter ego’
Según reza desde la perspectiva del Ministerio Público, cada uno de los tres acusados jugó “un papel diverso y complementario en la organización”, así como “un reparto de funciones que se reveló muy eficaz”. En este sentido, precisa que Koldo y Aldama consideraban a Ábalos como “el jefe”. A ojos de Luzón, el extitular de Transportes “aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa”; mientras, el que fuera su asesor actuó como “su hombre de confianza”.
Sobre las funciones de Koldo, señala que fueron más cercanas a las de “asistente”, puesto que “desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas”, definido, así, como “el alter ego” del exministro durante su mandato, siendo su “fiel transmisor de sus decisiones y deseos”.
Sitúa en estos términos la responsabilidad de “las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos” en manos de Koldo, “que, con frecuencia, se confundían con las propias, actuando 'de facto' como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama”.
En lo que concierne al conocido empresario, es definido por Anticorrupción como un actor “con intereses en buen número de sociedades vinculadas a varios sectores, como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos”, aunque marcando su “preferencia” por Ábalos. En aquella “interlocución privilegiada”, Aldama habría tenido oportunidad de conocer las necesidades de la compra de mascarillas en la pandemia, encontrar la sociedad adecuada y diseñar la oferta ideal para captar los contratos.
Primero, el objetivo de Aldama fue Transportes y departamentos vinculados, mientras que después se focalizó en los Gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. La Fiscalía, al respecto, asegura que el empresario fue el encargado de “localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo”.
De esta manera, el fiscal repasa las presuntas contraprestaciones que habrían recibido Ábalos y Koldo por parte de Aldama y sus socios, empezando por “el pago continuado de elevadas cantidades de dinero”, en torno a 10.000 euros mensuales, y siguiendo por alquileres de casas para ellos o sus parejas, algunas de ellas también contratadas en empresas públicas, como el caso de la exnovia del ministro Jéssica.