El 4 de abril de 2019, José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, era detenido como principal imputado en una de las mayores tramas de corrupción de la historia: la operación Azud, que investiga el amaño sistemático de contratos en la época de Rita Barberá como alcaldesa de Valencia. Ahora, casi siete años después, la instrucción llega a su fin con el auto de la juez que propone sentar en el banquillo tanto a Corbín como a sus tres hijas; al ex vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, al ex subdelegado del Gobierno del PSOE, Rafael Rubio, al ‘socio’ de Corbín, Diego Elum, o al empresario acusado de ser el corruptor, Jaime María Febrer, así como a diversos empresarios y funcionarios municipales. Un total de 38 personas
Amaño de contratos
Entre los investigados se encuentra el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio. Rubio, está acusado no de amañar contratos, sino que callar y mirar hacia otro lado a cambio de una suculenta mordida.
Según expone la juez sobre él en referencia a uno de los contratos presuntamente amañados: “El único tercero ajeno a funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Valencia pero que podía pedir explicaciones de todo tipo, era el investigado Rafael Rubio, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, que, desde luego no iba a tener ningún interés en revisar nada por cuanto ya había cobrado una nada desdeñable comisión para ello”.
Según el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, los amaños se produjeron mientras Rita Barberá fue alcaldesa, pues a partir de las elecciones de 2015 cuando pierde las elecciones y deja de ser la alcaldesa, el despacho de su cuñado dejó de ingresar dinero a espuertas, pasando de una cifra de negocio de 1.223.311 euros anuales, en el año 2007, a 40.205 euros en 2015.
La mercantil Corbín Abogados S.L. debía casi el 80% de sus ingresos a pagos efectuados “consistentes en comisiones ilícitas desembolsadas por grupos empresariales como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus Entes públicos principalmente en materia urbanística”.
Además, dice la juez que, “en virtud a su situación personal conocida por todos los funcionarios del ayuntamiento (cuñado de Barberá y marido de la jefa de Gabinete), le facilitaba reunirse con funcionarios públicos, concejales y alto funcionariado y le permitían reuniones con empresarios que pretendían obras o adjudicaciones de servicios públicos, desvinculando formalmente de esa manera a su mujer y a su cuñada”.
Según la investigación, los ingresos percibidos se hacían de dos formas: o bien las empresas adjudicatarias de contratos en concurso público pagaban directamente a Corbín Abogados S.L. o bien dichas empresas pagaban a otra sociedad interpuesta que a su vez transfería dichos pagos, en todo o en parte, a Corbín Abogados S.L.
En conclusión, “la existencia de discrepancias que determinan la anormalidad del funcionamiento de la citada mercantil desde el punto de vista comercial (por ejemplo, asumir costes de naturaleza personal o familiar ajenos a la empresa), y el alto porcentaje de ingresos que se concentran en un número reducido de empresas adjudicatarias de contratos del Ayuntamiento de Valencia, la irrealidad de los trabajos efectuados y abonados a las mercantiles contratantes, la vinculación de los pagos con alguna obra en concreto, determinan que la mercantil Corbín Abogados S.L. fue el instrumento jurídico para materializar el cobro de comisiones ilícitas por parte de empresas adjudicatarias de contratos con el Ayuntamiento de Valencia y que son disfrutados, entre otros por su esposa, funcionaria publica, receptora real con su marido José María. Corbín Navarrete de tales prebendas”.
Todo ello, asevera el auto, ha revelado que “entre los años 2005 y 2017 la empresa del cuñado de Barberá declarará ingresos por un importe superior a los cinco millones de euros, y sin embargo los gastos declarados ascendieron a 681.784,14 euros, pues pese a la ingente cantidad de los ingresos la citada mercantil ha tenido a lo sumo tres-cuatro trabajadores en el citado período”. El 80 por ciento de esos ingresos de la mercantil provienen de seis grupos de empresas: Acciona, Grupo Cyes, Grupo Axis, Grupo Cleop, Grupo Secopsa, y Grupo Cinal. Como ejemplo de amaño encontramos en el auto el contrato de Acciona, donde presuntamente, y con funcionarios que están también imputados, se amañó el concurso.
Según la juez, el cuñado de Barberá utilizó a un amigo como pantalla para cobrar las supuestas mordidas. Corbín y su amigo y abogado Diego Elum, se pusieran de acuerdo para repartirse la comisión pactada con Acciona de 2.160.000 euros, encargándose el Sr. Corbín de lograr la adjudicación y el Sr. Elum de servir de pantalla entre Acciona y el Sr. Corbín que era quien tenía acceso directo con quienes dirigían el ayuntamiento y asegurar la elección en perjuicio de los otros competidores.
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