El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez, se va a jubilar sin apercibimiento formal de sus superiores. Entre vítores de los suyos y con la sensación del trabajo bien hecho, el polémico magistrado colgará la toga este domingo, después de haber sentado a la mujer del presidente del Gobierno ante un tribunal jurado y librando las quejas formales presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Un retiro dorado patrocinado por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El órgano de gobierno de los jueces rechazaba, este martes, el recurso de alzada interpuesto por Bolaños contra el acuerdo del promotor de la Acción Disciplinaria de archivar la diligencia informativa contra el juez, presentada por el cuestionable interrogatorio realizado por Peinado al ministro. Cinco fallaron a favor del togado y dos anunciaron un voto particular y no se entregó una copia del expediente del caso al afectado. Este viernes, se ha conocido que el titular de la cartera de Justicia ha recurrido la decisión de no facilitarle el expediente.

Bolaños critica, como recoge el escrito publicado por El País, que se haya resuelto con “repentina urgencia” el archivo de su queja. En opinión del ministro, este proceder evidencia la intención de permitir la “impunidad” de Peinado a pocas horas de su retiro. Es más, Bolaños alude a la tan comentada diferencia de velocidades de la Justicia, apuntando a que su denuncia “permaneció 14 meses sin una respuesta, pese a versar sobre unos hechos esencialmente documentados, de escasa complejidad y que apenas requerían la práctica de diligencias de investigación”; pero este archivo se ha resuelto a la velocidad de la luz.

“Ha sido impulsado y resuelto en un plazo extraordinariamente breve, de 18 días”, deja constancia el escrito del ministro. “Resulta, cuando menos, llamativo el contraste en los tiempos de tramitación manejados por el CGPJ en la denuncia del Sr. Peinado y la celeridad desplegada para resolver mi recurso de alzada”, contrapone. Pero Bolaños no frena en este punto: “La radical disparidad entre los tiempos de tramitación solo admite, en apariencia, dos posibles explicaciones: o la tramitación de la denuncia del Sr. Peinado fue demorada innecesariamente durante más de 14 meses, o mi recurso ha sido objeto de una aceleración extraordinaria para ser resuelto en unos días”.

“Durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia. Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia”, espeta Bolaños.

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