En el marco del juicio de la Operación Kitchen que arrancaba este lunes y que se extenderá hasta el próximo 30 de junio, la Audiencia Nacional ha desestimado la petición presentada por la acusación popular que ejerce el PSOE y que buscaba suspender el inicio del juicio oral para investigar a la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a la vez que han rechazado incluir en el procedimiento los audios que grabó el excomisario José Manuel Villarejo a Cospedal y que podrían incriminarla en el caso.
En la que es la segunda sesión del juicio, el tribunal de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender el inicio del procedimiento, la imputación tanto de Cospedal como de su exmarido, Ignacio López del Hierro, y hacer al PP partícipe a título lucrativo, como rezaban las demandas de la acusación popular que ejerce el PSOE. Asimismo, los magistrados han rechazado también las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados, quienes pedían la suspensión del juicio alegando, en este caso, la falta de competencia de la Audiencia Nacional, la prórroga "injustificada" del secreto de sumario o la falta de conexión, según esgrimían, entre el caso Kitchen y el caso Tándem.
En línea con todo ello, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha acordado también dejar fuera del proceso los audios que grabó Villarejo a Cospedal de los que se desprenden declaraciones que podrían inculpar a la exministra de Defensa en la Operación Kitchen. Una decisión que se toma, no obstante, a pesar del informe de la Unidad de Asuntos Internos, policía judicial en la causa, que advirtió de que "podrían ser esenciales". Conviene en este punto subrayar que con este informe se solicitó hace tres años una valoración al juez Manuel García Castellón, quien en ese momento llevaba el caso, pese a que esta no llegó a constar.
Con todo ello, y respecto al contenido de los audios, en uno de ellos, quien también fuera secretaria general de los populares hablaba de que “lo de la libretita -en alusión a la finaciación en B del PP manuscrita por Bárcenas- será mejor poderlo parar”. En otro, Cospedal coincidía con Villarejo en que había que “laminar” al “cabrón del cabrón” en referencia al extesorero del PP Luis Bárcenas. A ellos, se suman también los audios publicados en 2025 por RAC1 en los que Cospedal confesaba que le había “dicho el presidente” -Mariano Rajoy- que habían “encontrado” material a Bárcenas y le habían “limpiado todo lo que tenía”. En la misma línea, tampoco será escuchado el audio grabado en 2014 en el que Cospedal parece preocuparse por la situación de Sergio Ríos, quien en ese entonces ejercía de topo de la policía política, y cede a la petición del excomisario para nombrarle policía nacional para no dejar “flecos” ni “cadáveres”; un audio del que, además, se desprende que la exministra era conocedora de que Ríos ingresaba 2.000 euros mensuales para espiar a Bárcenas.
El tribunal niega la "vulneración de derechos fundamentales"
En otro orden de cosas, la magistrada presidenta del tribunal ha defendido que el tribunal mantiene la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar los hechos, como ya concluyó la Fiscalía Anticorrupción, y ha negado que se haya producido la "vulneración de derechos fundamentales" de los acusados por la dilación del secreto de sumario. A razón de ello, Palacios ha indicado que el Ministerio Público ha relatado diligencias que el tribunal considera "relevantes" y que, por esta razón, justificarían la prolongación del secreto de sumario. Además, en tono de réplica a la petición de la defensa de los acusados, la presidenta del tribunal ha recordado que los hechos que se juzgan se remontan a 2013, pese a que la investigación comenzó en 2018, asegurando que "a los primeros" a los que les "duele" el "aquilatamiento temporal" de la justicia es "a los propios tribunales".
En líneas similares, sobre el rechazo a la petición del PSOE de suspender el juicio para imputar a Cospedal y López del Hierro, Palacios ha esgrimido que la reapertura de un proceso judicial para alguien a quien se le ha archivado una causa no puede realizarse ante el tribunal enjuiciador, sino ante el magistrado instructor, que es el "soberano" para la reapertura de la instrucción. "No es la vía adecuada", ha zanjado.
Por su parte, en lo que se refiere a la incorporación del PP como partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario en la causa, la magistrada ha señalado que los acusados "vienen de la cúpula del Ministerio del Interior" y no del partido, por lo que la responsabilidad se le debe atribuir al Estado. Así, en referencia a la impugnación de los audios vinculados a Villarejo, Palacios ha rechazado este extremo señalando que no consta que estas pruebas hubieran sido encontradas y aportadas a la causa "de una manera ilegal o ilícita". "Requerirán su fiabilidad, su veracidad, se querrá también contrastar con otros medios de prueba para ver la relevancia o no y la trascendencia que se da en cuanto a la valoración de la prueba, pero no se van a expulsar", ha añadido.