La Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si tuvo "información previa" sobre la "entrada irregular masiva" en Ceuta

La titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha preguntado a la Guardia Civil sobre la crisis migratoria que se desató en Ceuta el pasado jueves. La magistrada quiere saber si la Benemérita tenía "alguna información en los días previos que hubiese podido alertar" de la "entrada irregular masiva" de 72.000 personas, de los que habrían retornado 70.000, según los últimos datos dados por el Ministerio del Interior. La jueza realiza esta petición a la Jefatura de Información de Instituto Armado.

Concretamente, solicita un informe del "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales "conocidas". En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quiere saber si consta "la causa y la data de la muerte", mientras que en lo relativo a los "supervivientes", reclama conocer "su identidad y datos de localización" que los agentes hayan podido recabar.

Este movimiento llega después la apertura de diligencias previas y de la solicitud de un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para dilucidar si los acontecimientos responden a “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”. A la par, la Audiencia Nacional quiere conocer también “quienes hubieran podido participar en tales acciones” y, una vez recibida toda la información, tomará la decisión sobre si cuenta con competencias para abrir una investigación penal tras la denuncia de Iustitia Europa.

Tardón considera necesario "instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable y la competencia de esta jurisdicción para conocer de los hechos”. Por el momento, todavía no se ha resuelto la “competencia penal” de los hechos.

La denuncia que activó la investigación

Iustitia Europa presentó una denuncia por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado y la Nación, así como por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. En el marco de la investigación, la magistrada ha solicitado a la UCRIF que remita cualquier elemento que permita identificar a las personas que pudieran haber participado en estos hechos o, en su caso, cualquier información de la que disponga al respecto.

En su denuncia, la organización sostiene que la llegada de personas migrantes desde Marruecos a Ceuta no puede considerarse un fenómeno migratorio habitual ni espontáneo. A su juicio, la magnitud del episodio, concentrado en un breve espacio de tiempo y protagonizado por miles de personas que se lanzaron simultáneamente al mar desde las costas marroquíes, apunta a una actuación organizada.

En este sentido, Iustitia Europa afirma que se produjo una instrumentalización de los flujos migratorios que, por su volumen y por la forma en que se desarrolló, desbordó la capacidad de respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de acogida. Según la organización, esta situación comprometió tanto la seguridad pública como la integridad territorial en una de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Asimismo, la denuncia señala que la aparente pasividad observada en las costas de origen podría interpretarse como una relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos. A juicio de la organización, esta circunstancia podría constituir una forma de cooperación o de tolerancia consciente para facilitar la salida masiva de personas hacia España, utilizando la presión migratoria como un instrumento de coacción política o diplomática, una estrategia que, sostiene, no sería la primera vez que se emplea a esta escala.