La Audiencia Nacional atraviesa un momento de máxima tensión operativa. La pérdida de funcionarios derivada de los procesos de estabilización de plazas, unida a la sobrecarga de causas complejas, amenaza con ralentizar la tramitación judicial y limitar la respuesta del tribunal a los asuntos más urgentes. La situación ha sido reconocida por tres Juzgados Centrales de Instrucción, que han advertido formalmente de demoras en consultas, trámites y resoluciones ante la imposibilidad material de asumir el volumen actual de trabajo con la plantilla disponible.
En sendas providencias remitidas a las partes personadas, los titulares de los juzgados 1, 5 y 6 explican que el propio proceso de consolidación y estabilización de plazas ha desembocado, de forma transitoria, en una merma de efectivos. En uno de los órganos, según detalla su responsable -el magistrado Antonio Piña-, se ha producido ya el cese de seis funcionarios que, además, agotaron previamente los periodos de vacaciones pendientes, generando un vacío de aproximadamente 45 días hasta la cobertura de los puestos.
Este déficit coincide con un contexto especialmente exigente para la Audiencia Nacional, marcada por la instrucción simultánea de múltiples macroprocesos de elevada complejidad técnica y volumen documental. Los magistrados reconocen que, en estas condiciones, resulta inviable redistribuir las causas entre el personal restante sin afectar al ritmo de tramitación, lo que se traduce en retrasos inevitables en la atención de escritos, recursos y solicitudes de las partes.
Ante este escenario, los juzgados han optado por priorizar las actuaciones que revistan carácter urgente, mientras el resto de peticiones quedará sujeto a demoras cuya duración dependerá de la reposición efectiva de la plantilla. La advertencia refleja una tensión estructural en el funcionamiento del tribunal penal, donde la combinación de cargas extraordinarias y recursos limitados vuelve a situar en primer plano el debate sobre los medios disponibles en la Administración de Justicia.
La espera como coste judicial
El riesgo de retrasos prolongados vuelve a situar sobre la mesa el fantasma de las dilaciones indebidas, un problema recurrente en los procedimientos penales de larga duración y especialmente sensible en órganos como la Audiencia Nacional, donde se concentran investigaciones de gran complejidad técnica, elevado volumen documental y múltiples partes personadas. La advertencia trasladada por varios juzgados centrales sobre la falta de personal y la consiguiente ralentización de trámites no solo describe una dificultad organizativa puntual, sino que apunta a posibles consecuencias procesales de mayor calado si la situación se prolonga en el tiempo sin refuerzos efectivos.
En el ámbito penal, los tiempos de tramitación no son un elemento accesorio, sino una pieza central de las garantías judiciales. La jurisprudencia ha insistido de forma reiterada en que una instrucción excesivamente dilatada puede vulnerar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, con efectos que van desde la atenuación de la responsabilidad penal hasta, en casos extremos, la nulidad de actuaciones. Por ello, cualquier factor estructural que ralentice de forma sostenida el avance de las causas —como la insuficiencia de plantilla o la acumulación de macroprocesos— adquiere una dimensión que trasciende lo meramente administrativo.
La falta de medios humanos no solo impacta en la velocidad de resolución de escritos o recursos, sino también en la capacidad material de impulso procesal continuo, imprescindible para evitar periodos de inactividad que engrosen artificialmente la duración de las investigaciones. En procedimientos complejos, donde cada diligencia depende de la anterior y la coordinación entre unidades judiciales resulta clave, los retrasos iniciales tienden además a multiplicarse en fases posteriores, generando cuellos de botella difíciles de revertir.
A ello se suma el efecto que las demoras prolongadas producen sobre todas las partes implicadas. Para las personas investigadas, la extensión temporal del proceso implica una incertidumbre sostenida que puede afectar a su vida personal y profesional; para las víctimas y acusaciones, supone la postergación de una eventual reparación; y para el propio sistema judicial, erosiona la percepción de eficacia y credibilidad institucional. La lentitud estructural, cuando se normaliza, termina por convertirse en un problema de confianza pública.
En este contexto, la evolución de la cobertura de plazas vacantes y la adopción de eventuales medidas de refuerzo resultarán determinantes para contener el riesgo de dilaciones indebidas. De lo contrario, la combinación de sobrecarga estructural y recursos limitados podría consolidar un escenario en el que la complejidad de las macrocausas no solo alargue los procedimientos, sino que termine tensionando las propias garantías que el proceso penal está llamado a proteger.