La Audiencia Nacional abre el macrojuicio al clan Pujol por una presunta trama criminal tejida durante décadas

La Audiencia Nacional inicia este lunes uno de los procesos judiciales más extensos y mediáticos de la reciente historia democrática: el juicio contra Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, sus siete hijos y más de una quincena de presuntos colaboradores. Todos ellos están acusados de haber formado durante décadas una red criminal que habría utilizado influencias políticas, estructuras empresariales y contactos privilegiados para acumular un patrimonio millonario al margen de la ley.

El tribunal encargado de enjuiciar el caso estará presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, acompañado por las juezas María Fernanda García - que actuará como ponente - y Mercedes del Molino. Sobre la mesa, un catálogo de delitos de enorme gravedad: asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. El caso, por su complejidad y volumen de documentación, se prolongará previsiblemente hasta mediados de 2026.

Multas millonarias

La Fiscalía Anticorrupción dirige la acusación más severa contra el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, al que considera el eje operativo del entramado financiero familiar. En su escrito, solicita para él 29 años de prisión y una multa superior a los 6,5 millones de euros. Para su exesposa, Mercè Gironés, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros en sanciones económicas, al considerar que compartió y gestionó parte del patrimonio opaco señalado por los investigadores.

Para el propio Jordi Pujol, quien gobernó Cataluña entre 1980 y 2003, el Ministerio Público reclama nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros. Sus otros seis hijos se enfrentan a peticiones de entre ocho y 17 años, en función de su presunta participación en operaciones financieras desarrolladas dentro y fuera de España. Anticorrupción solicita asimismo la devolución íntegra de los fondos presuntamente manejados al margen del control fiscal: más de 45 millones de euros.

El caso no se limita a la familia. Más de quince empresarios están igualmente acusados por su presunta colaboración con la red, especialmente por facilitar estructuras societarias destinadas - según la Fiscalía - a ocultar el origen y destino de los fondos. Para ellos se solicitan penas de entre dos y tres años por falsedad documental vinculada al blanqueo, junto con multas que en algunos casos superan los ocho millones.

El escrito fiscal, elaborado en buena parte por la entonces fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, dibuja un esquema de funcionamiento que habría nacido del poder político concentrado durante años en torno a Pujol y su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Según esta versión, el expresident habría impulsado una red clientelar que permitía a empresarios afines beneficiarse de contratos públicos, repartiéndose parte de los beneficios con la familia.

El estado de salud de Jordi Pujol

El inicio del juicio vendrá marcado por la situación médica del antiguo jefe del Govern. Jordi Pujol comparecerá por videoconferencia desde su domicilio de Barcelona después de haber permanecido ingresado por una neumonía y de presentar un deterioro cognitivo severo. Su defensa aportó un informe pericial que concluye que, a sus 95 años, no se encuentra en condiciones de desplazarse a Madrid ni de prestar declaración presencial. El documento describe un “trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto”, con componentes de Alzheimer y afectación vascular. Los médicos que lo evaluaron testificarán en la primera sesión para ratificar sus conclusiones.

El juicio contará con más de 200 testigos, entre ellos el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y responsables de la Banca Privada de Andorra, entidad clave en la investigación debido al papel que habrían desempeñado ciertas cuentas y fundaciones del Principado en la ocultación del patrimonio atribuido al clan Pujol.

La causa llega a esta fase tras más de una década de investigaciones iniciadas por el juez José de la Mata, quien en 2020 dio por concluida su larga instrucción. En su auto, el magistrado sostenía que la familia habría actuado durante décadas “aprovechándose de su posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana” para acumular un patrimonio “desmedido” con fondos procedentes de pagos ilícitos. Parte de estas actividades se habrían producido mientras Pujol ocupaba la Presidencia de la Generalitat, aunque la presunta red habría seguido operando después de su salida del cargo en 2003.

Según el juez, buena parte del dinero procedía de empresarios que realizaban entregas millonarias a los Pujol a cambio de influencias en adjudicaciones y concesiones públicas. Esas cantidades se habrían movido mediante sociedades interpuestas y cuentas en Andorra, país en el que el clan abrió posiciones bancarias desde 1992 hasta, al menos, 2014.

Jordi Pujol reconoció en 2014 la existencia de fondos familiares en el extranjero, aunque los atribuyó a una herencia de su padre, Florenci Pujol, quien - según explicó - habría depositado el dinero fuera de España por temor a la inestabilidad política de los años 30 y 40.

La instrucción detalla también el papel de cada uno de los miembros de la familia. El liderazgo del entramado, apunta De la Mata, recaía en Pujol y su esposa, Marta Ferrusola - fallecida en 2024 -, quien se hacía llamar en clave “la madre superiora”. El hijo mayor, descrito como “el capellán de la parroquia”, habría asumido la gestión operativa: recepción de fondos, movimientos bancarios e inversiones. El resto de los hermanos, según el auto, habrían abierto sus propias cuentas en Andorra y ejecutado operaciones destinadas a mantener oculto el patrimonio.

Los empresarios implicados, por su parte, habrían actuado como intermediarios permanentes y estructurales, aportando sociedades pantalla y facilitando pagos destinados a esconder a los verdaderos beneficiarios.

Tras un largo recorrido judicial, el juez Santiago Pedraz acordó en 2021 la apertura de juicio oral para toda la familia, con la única excepción de Ferrusola por su estado de salud. Con el inicio del proceso, el clan Pujol afronta por primera vez ante un tribunal la investigación más extensa y detallada sobre su fortuna y su influencia política.