El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y otras 40 personas y 79 empresas en la pieza 8 del caso Púnica por presuntas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras de Transporte de Madrid (Mintra).
En esta pieza 8 de Púnica se han investigado las irregularidades de Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En la resolución, el magistrado de la AN ha considerado que los hechos investigados son constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental.
Francisco Granados se enfrenta a una petición de 42 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y, además de él, se sentarán también en el banquillo empresarios como los constructores David Marjaliza y Javier López Madrid.
Anteriormente, bajo la instrucción judicial de Manuel García Castellón se constató que la operativa de Pública se centraba en el desvío de fondos públicos entre la Consejería del Ejecutivo de la Puerta del Sol a la empresa de transportes, teniendo en cuenta que las obras que se investigan son las de Metro Sur en el tramo 1C, en Metro Norte en el tramo A1 y en el Metro Ligero en la nueva línea hacia Boadilla.
Pieza separada a los presuntos amaños en contratos de fiestas
En paralelo a esta nueva pieza separada sobre presuntas irregularidades en contratos de suelo público, cabe recordar que el mismo tribunal avanzó el pasado mes de enero que investigaría a Granados y otros 13 cargos por supuestas irregularidades en contratos de fiestas populares en varios municipios de la Comunidad de Madrid adjudicados a la empresa Waiter Music y que también se enmarcan dentro de la trama Púnica.
Sobre el caso, la Fiscalía pide entre dos y seis años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. El juez García Castellón describió en el auto de procesamiento una dinámica de supuesta adjudicación irregular a varias empresas propiedad de José Luis Huerta –ya fallecido- para la organización de eventos populares y municipales en Valdemoro, Algete, Ciempozuelos, Morelajea de En medio y Móstoles.
Debido a que en muchos cados la relación comercial estaba predeterminada para que fuese adjudicadas a estas empresas en concreto o a su propietario indirectamente, se podía contar con que realizaba, por un lado, los mencionados festejos; mientras, por otro, “proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos”. Las cifras de estas contrataciones llegaron a superar el millón de euros.
Granados, en su declaración ante el tribunal el pasado 20 de mayo, se desvinculó de estas contrataciones, negando que diese instrucciones para que contados ayuntamientos madrileños costeasen estos actos del partido a través de contratos con la empresa de su socio. Su declaración continuará el próximo 4 de junio sobre esta pieza judicial, teniendo en cuenta que la Fiscalía pide para él seis años de prisión y otros 46 de inhabilitación para empleo o cargo público.
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