La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años ocasionando la muerte de 80 personas y dejando a 143 heridos y absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.
El maquinista, Francisco Garzón, y el exresponsable de Adif, Andrés Cortabitarte, fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.
Ambos fueron condenados, el primero por el exceso de velocidad con el que llegó a la curva de A Grandeira (donde debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora) y el segundo por la ausencia de una evaluación de riesgos que habría llevado a recuperar el sistema máximo de seguridad en ese tramo, el 'ERTMS', el que frenaría el convoy en caso de error humano.
Las magistradas deliberaron y votaron el pasado 19 de diciembre y la sentencia, que cuenta con un voto particular, tiene 268 páginas y fecha del pasado miércoles 21 de enero, ha sido notificada este viernes a las partes y dada a conocer por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Con ella, el tribunal revoca parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago y acoge los recursos interpuestos por Fiscalía --que durante el juicio pedía condenar a Cortabitarte, pero finalmente retiró su acusación, ante el malestar de las víctimas--, Adif, su aseguradora (Allianz Global) y el exalto cargo de la entidad.
El accidente de Angrois: trece años de una tragedia que marcó a España
El 24 de julio de 2013, a las 20:41 horas, España quedó conmocionada por uno de los peores siniestros ferroviarios de su historia reciente. Un tren Alvia que cubría la línea Madrid–Ferrol descarriló a la entrada de Angrois, a apenas tres kilómetros de la estación de Santiago. El balance fue devastador: 79 personas fallecidas y más de 140 heridas, muchas de ellas de gravedad.
El convoy circulaba a 179 kilómetros por hora en una curva limitada a 80. La investigación judicial y técnica determinó que el exceso de velocidad fue la causa inmediata del descarrilamiento. Sin embargo, desde el primer momento las víctimas y sus familiares defendieron que la tragedia no podía explicarse únicamente por un error humano. La ausencia de sistemas automáticos de control de velocidad en ese tramo, en concreto el ERTMS, se convirtió en el eje central del debate público y judicial.
La curva de A Grandeira, donde se produjo el accidente, ya había sido señalada previamente como un punto de riesgo. Aun así, el sistema de seguridad avanzado había sido desconectado antes de la inauguración de la línea, dejando el control en manos del ASFA, un mecanismo menos sofisticado y sin capacidad de frenado automático ante excesos graves de velocidad. Esta decisión técnica, avalada por los gestores de la infraestructura y la operación ferroviaria, resultó clave en la cadena de responsabilidades analizadas posteriormente.
En el ámbito judicial, el proceso ha sido largo y doloroso. Tras años de recursos, archivos parciales y reaperturas, la Audiencia Provincial de A Coruña condenó en 2023 al maquinista y a un ex alto cargo de Adif por imprudencia grave profesional. El fallo reconoció por primera vez que no solo hubo un fallo humano, sino también un déficit estructural en la gestión de la seguridad ferroviaria. Para las víctimas, la sentencia supuso un paso importante, aunque insuficiente para cerrar heridas.
Más allá de los tribunales, el accidente de Angrois dejó una profunda huella social. La respuesta ciudadana fue inmediata: vecinos de la zona acudieron a auxiliar a los heridos en los primeros minutos, y las imágenes de solidaridad recorrieron el país. Santiago de Compostela se convirtió en un símbolo de duelo colectivo, con homenajes anuales que recuerdan a quienes perdieron la vida y reivindican justicia y memoria.
Trece años después, Angrois sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de seguridad ferroviaria en España. Las asociaciones de víctimas continúan reclamando responsabilidades políticas y cambios profundos en la toma de decisiones técnicas, para que ninguna inauguración ni presión comercial vuelva a situarse por encima de la vida humana. La tragedia, insisten, no puede quedar reducida a una curva y a un error: es una lección que el Estado no debe olvidar.