La Audiencia Provincial de Barcelona ha amnistiado a los casi 40 ex altos cargos del Govern del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, empresarios y funcionarios investigados por la presunta participación en los preparativos del 1-O iniciados el 20 de septiembre de 2017 y la internacionalización del 'procés', como solicitaba la Fiscalía.
En el auto, la Audiencia Provincial excluye a dos excargos del Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, Albert Royo y Rosa Clavell, a los que la Fiscalía considera presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa por trocear un contrato de limpieza entre 2011 y 2017 con un coste de 8.000 y 11.000 euros anuales y una auditoría anual. Ello se une a la decisión de Supremo con la que consideró rechazar la amnistía de Puigdemont.
La decisión de aplicar la amnistía se produce después de que la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona haya concluido que los investigados pueden ser amnistiados porque actuaron "en cumplimiento del mandato" de los consellers.
Entre los investigados a los que se ha aplicado la Ley de Amnistía figuran el exconseller Raül Romeva; el exdirector general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; la expresidenta de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, Núria Llorach; el exdirector de TV3, Vicent Sanchis; el exdirector de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; la ex interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; y el exdirector de la delegación del Govern de Catalunya en la UE, Amadeu Altafaj, entre otros. En esta línea, del total de beneficiados por la norma, 26 han estado investigados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, juzgados por diferentes delitos, desde la malversación hasta la desobediencia. Asimismo, se suman ocho encausados por el gasto de los gobiernos de Artur Mas y Puigdemont.
Posible regreso de Puigdemont a España
Durante la primera semana de junio, se hacía público el borrador que ha preparado el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía para todos los que resultaron procesados durante el procés en Cataluña. Por esto mismo, se abre así la posibilidad de retorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra prófugo en Bélgica desde 2017.
Debido a que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, acaba su mandato en el alto tribunal en enero de 2026, para lo que quiere dejar resueltos todos los recursos presentados a la ley de amnistía, se abre un abanico de posibilidades ante la vuelta, a finales o principios de año, de distintos líderes independentistas condenados.
Por un lado, en el caso de que estos recursos fueran favorables a las tesis de los independentistas encausados, Puigdemont podría volver y, tras presentarse ante el Tribunal Supremo, es muy probable que quedase en libertad. Por el contrario, en caso de que el Tribunal Supremo deniegue la amnistía, Puigdemont aún dispondría de un recurso clave: el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. A través de esta vía, podría alegar la vulneración de derechos fundamentales, como el principio de legalidad penal o el derecho a la igualdad.
El Tribunal Constitucional tendría entonces la última palabra sobre la legalidad de esa decisión y sobre la aplicabilidad de la amnistía en su caso. Si el TC le diera la razón, se anularía la decisión del Supremo y Puigdemont quedaría libre de cargos.
Si tampoco el Constitucional ampara sus derechos, Puigdemont podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo. Esta sería la última instancia, en un proceso que podría alargarse varios meses o incluso años.